Human Rights Watch (HRW) presentó este 23 de julio del 2020 un informe sobre la situación de los derechos de lo médicos cubanos desplegados en misiones por el mundo. Foto: AFP.
Desde que comenzó la pandemia, Cuba ha enviado 1 500 médicos a varios países del mundo para colaborar con los esfuerzos locales y atender a los afectados por el covid-19. Y si bien los médicos cubanos “enviados a responder a la pandemia del covid-19 ofrecen valiosos servicios a numerosas comunidades”, lo hacen “a costa de sus libertades más básicas”.
Así lo sostiene José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), en un informe publicado este 23 de junio del 2020 en el que se afirma que las “medidas draconianas” impuestas por la Isla a las misiones sanitarias “vulneran sus derechos fundamentales”.
La organización exhorta a los gobiernos que han solicitado la asistencia de las misiones cubanas que “exijan a las autoridades que reformen las leyes y reglamentos aplicables que vulneren, entre otros, los derechos a la privacidad, la libertad, la libertad de expresión y asociación, y el libre movimiento”.
En cuatro páginas, HRW detalla la normativa vigente en la isla, las sanciones y las restricciones que tienen no solamente los 1 500 médicos llamados para esta pandemia, sino también a los 30 000 trabajadores sanitarios que ha desplegado el Gobierno cubano desde antes de la pandemia. Es una práctica que comenzó con la misión a Argelia en 1963. Hasta el presente, La Habana ha enviado 400 000 médicos a 164 países, entre los que se encontraba Ecuador.
“Los Gobiernos interesados en recibir la asistencia de médicos cubanos deben exigirle al gobierno de Cuba que reforme su orwelliano sistema, que regula con quiénes los médicos pueden vivir, hablar, o incluso mantener una relación sentimental”, añadió Vivanco.
“Cuba regula incluso los aspectos más triviales de la vida de los médicos cubanos”, dice la denuncia. Se sostiene en la Resolución 168 del 2010, dictada por el Ministerios de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, que afirma que mantener relaciones con personas “cuya conducta no esté acorde con los principios y valores de la sociedad cubana” se consideran “infracciones a la disciplina”. También lo son las “relaciones de amistad o vínculos de otro tipo” con cubanos “disidentes” o aquellos que manifiestan “posiciones hostiles o contrarias a la Revolución”, incluso los que sean “promotores de un modo de vida contrario a los principios que deben caracterizar a un colaborador cubano en el exterior”.
Los médicos cubanos, además no puede vivir con personas “no autorizadas” y debe reportar a las autoridades si van a involucrarse sentimentalmente con alguien.
El médico cubano no puede ir a lugares que dañen su prestigio. Y no puede hablar con medios de comunicación sin previa autorización sobre las situaciones internas de los centros en los que están trabajando.
A los que incumplan con estas normas, las sanciones pueden ser la retención del salario, la expulsión de la misión y el regreso a la isla, donde pueden ser sujetos de procesos penales. La pena llega hasta ocho años de prisión. HRW reconoce que “no ha podido determinar el número de trabajadores de la salud cubanos que han transgredido estas normas y leyes, ni cuántos han sido objetos de sanciones penales o disciplinarias. Si bien, al parecer, serían escasas las instancias en las que se han aplicado sanciones penales, declaraciones de médicos analizados por Human Rights Watch sugieren que las sanciones disciplinarias son más frecuentes”.
Los médicos cubanos no tienen pasaportes corrientes sino las oficiales, que solo tienen validez durante el período de la misión. Los médicos en Cuba son considerados población “regulada” y para salir del país requieren un permiso especial antes de conseguir un pasaporte y puede demorar hasta cinco años.
Por otra parte, los cubanos en el exterior que abandonen las misiones no pueden regresar a su país por ocho años. La legislación cubana no contempla estos casos, pero el derecho migratorio de la Isla prohíbe el ingreso a aquellos que han sido calificados de “indeseables”.
Muchos de estos médicos, según relatoras especiales de la ONU, podrían estar en la categoría de “trabajo forzoso”, con “exceso de horas” de trabajo, limitación de vacaciones y salarios, amenazas de las autoridades, vulneración de la privacidad. Además, son presionados para participar en las misiones sanitarias con el consiguiente temor a sufrir represalias.
Según este documento, los representantes de Cuba ante la ONU negaron todas estas acusaciones, pues consideran que “las relatorías habían sido utilizadas para fomentar espurias campañas promovidas por el gobierno de Estados Unidos”.
Finalmente, Vivanco sostiene que los “gobiernos que acepten asistencia cubana que incluya condiciones abusivas impuestas por Cuba podrían convertirse en cómplices de graves violaciones de derechos humanos (…) A nadie le sorprende que el régimen cubano no esté dispuesto a respetar los derechos de sus trabajadores de la salud, pero otros gobiernos deben abstenerse de contribuir a esta explotación”.