Manifestantes muestran su apoyo, este viernes a la salida de la prisión de Brians, a los nueve presos independentistas que son trasladados en un autobús de la Guardia Civil a Madrid donde ingresarán en las prisiones de Alcalá Meco y Soto del Real y donde permanecerán mientras dure el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Foto: EFE
El juicio en el Tribunal Supremo español contra doce líderes independentistas catalanes implicados en el intento de secesión de octubre de 2017 empezará el 12 de febrero, informó este viernes 1 de febrero de 2019 una fuente del tribunal.
En el controvertido juicio, cuyo inicio se esperaba para el 5 de febrero, los acusados deberán responder por presuntos delitos de rebelión, malversación y desobediencia por los que la fiscalía reclama entre 7 y 25 años de cárcel.
En el banco de los acusados se sentarán el ex vicepresidente regional Oriol Junqueras, otros miembros del antiguo gobierno catalán, dos líderes de asociaciones independentistas y la expresidenta de la cámara regional Carme Forcadell.
El proceso debería durar “alrededor de tres meses”, hasta finales de abril o principios de mayo, aseguró este viernes el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, durante un encuentro con prensa internacional.
Para la sentencia, los acusados, nueve de ellos en prisión preventiva, deberán esperar entre dos o tres meses para conocer su veredicto, añadió.
Los nueve encarcelados, algunos de ellos desde hace más de un año, fueron trasladados este viernes desde prisiones catalanas a otras en los alrededores de Madrid, donde vivirán durante el proceso.
Los otros tres acusados, antiguos dirigentes del gobierno regional, se encuentran en libertad provisional.
Entre las grandes ausencias figura la de Carles Puigdemont, el expresidente de la región que marchó a Bélgica días después de que el Parlamento regional dominado por los independentistas proclamara una república el 27 de octubre de 2017.
Esta proclamación, no reconocida por ningún país y abortada rápidamente por el gobierno español con la destitución de Puigdemont y su gabinete y la toma de control de la administración regional, estuvo precedida por la celebración de un referéndum de autodeterminación ilegal el 1 de octubre.