Gutemberg Vera se declaró 'perseguido político', tras informe de auditoría interna en TC Televisión

Gutemberth Vera, abogado del expresidente Rafael Correa, habló sobre la revisión y análisis de una auditoría interna en TC Televisión, que lo involucra en contratos. Foto: EL COMERCIO

Gutemberth Vera, abogado del expresidente Rafael Correa, habló sobre la revisión y análisis de una auditoría interna en TC Televisión, que lo involucra en contratos. Foto: EL COMERCIO

Gutemberth Vera, abogado del expresidente Rafael Correa, habló sobre la revisión y análisis de una auditoría interna en TC Televisión, que lo involucra en contratos. Foto: EL COMERCIO

El abogado Gutemberg Vera se declaró como un “perseguido político” del actual gobierno. Durante una rueda de prensa en Guayaquil, la mañana de este jueves 15 de marzo del 2018, defendió los contratos que firmó con TC Televisión por servicios prestados a ese canal incautado por el Estado.

Ayer, miércoles 14 de marzo la gerenta general de TC Televisión, Martha Moncayo, presentó en la Contraloría General del Estado un informe de auditoría interna sobre supuestos malos manejos en la televisora en administraciones pasadas.

Dicho documento recoge la revisión y análisis a los dos convenios de servicios profesionales especializados de Vera y que supuestamente tendrían varias inobservancias.

En dicho informe se menciona que el primero de los contratos fue en el 2010 para redactar un contrato con Gama Tv por USD
100 000
, de los cuales USD 20 000 se pagaría en efectivo y USD 80 000 con la entrega de un departamento en el edificio Vista Colón en Guayaquil.

El segundo, también en el 2010, fue por la defensa por la demanda de Jorge Toledo Orbe por USD 200 000; de los cuales USD 120 000 se pagarían con un departamento en el Swissotel Quito, aunque dijo que el avalúo es de solo 36 000; y USD 80 000 con un departamento en el edificio Vista Colón en el Puerto Principal.

Según Moncayo, para esos pagos se debía tener la autorización de los accionistas como establecía el estatuto del canal. Pero en diciembre del 2015 se reformaron los estatutos y se ejecutaron supuestamente los traspasos.

Gutemberg Vera señaló que TC no es parte de medios públicos, sino privado. También indicó que no se ha mencionado que en el caso de Toledo se ganó la demanda por USD 20 millones.

“El artículo 42 de la Ley de Federación de Abogados autorizaba cobrar hasta el 5%, mi estudio cobró menos del 1% porque eran 20 millones de dólares, más costas procesales, honorarios, etc, esa cuantía llegaba de USD 23 a 25 millones”, justificó.

El abogado criticó que no se haya informado que ambos procesos se ganaron. “Se falló a favor de canal 10, que no tuvo que pagar un solo centavo de esas demandas”.

Vera indicó que tampoco se ha dicho que para pagarle sus haberes se demoraron casi seis años y que aún le adeudan USD 80 000 en el caso del contrato de la demanda de Toledo. Ese valor correspondería al departamento ubicado en Vista Colón en Guayaquil.

Según Vera, el pasado 24 de enero le pidió una reunión a Moncayo para tratar sobre lo que se le adeuda y que el 19 de febrero le envió 2 907 documentos con los contratos, sentencias y procesos ganados en dos instancias. “Le he pedido reuniones (…) pero no ha querido proceder”.

El abogado dijo que aún no conoce la denuncia que se presentó en la Contraloría y que se enteró por los medios de comunicación de dicha auditoría interna en la que se lo señala.

En la auditoría se señala que hay un conflicto contractual entre las cláusulas de los contratos de servicios suscritos con Vera que prohíben la cesión de obligaciones y derechos de esos contratos a favor de su hijo Alembert Vera Rivera.

Pero Vera lo desestimó y afirmó que el acuerdo firmado con TC sí viabilizó la cesión. “Pasan por alto que mis contratos ya fueron auditados por la Contraloría y no estableció absolutamente nada”. Su hijo lo acompañó en la rueda de prensa.

Dijo que está tomando acciones en este caso y que ya presentó en la Fiscalía la diligencia de exhibición previa. Según Vera, está pidiendo copias en Contraloría de toda la documentación para proceder con las acciones penales y de “reparación de daño moral”.

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