El Gobierno argentino presentó este viernes, 14 de marzo de 2025, una denuncia penal contra quienes considera promovieron la marcha por los jubilados que el pasado miércoles fue reprimida por la policía y en la que hubo más de un centenar de detenidos y casi 50 heridos.
Más noticias
Según fuentes oficiales, la denuncia, presentada en la Justicia federal por orden de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, alcanza, entre otros, a dos alcaldes peronistas, a un exlíder de la extinta guerrilla de los Montoneros y a “grupos organizados” de “barra bravas” de fútbol, a los que señala como responsables de “promover los disturbios con fines desestabilizadores” en la marcha de los jubilados.
El Gobierno los acusa de sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada, delitos para los que se contemplan penas de hasta 20 años de prisión.
En la movilización, ocurrida en el centro de Buenos Aires, participaron sindicatos, organizaciones sociales y aficionados de fútbol, en solidaridad con los jubilados que cada miércoles reclaman ante el Congreso una actualización en sus pensiones, cuyo nivel es paupérrimo.
Las fuerzas de seguridad federales y la policía de la capital cargaron contra los manifestantes para dispersar la protesta, con un saldo de 46 heridos -uno de ellos grave- y 124 detenidos.
Pero para el Gobierno, que justificó la represión policial, los disturbios “fueron el resultado de una acción organizada” bajo “la excusa de una protesta en apoyo a jubilados”.
Según su denuncia, hubo manifestantes que habrían cobrado hasta 50 000 pesos (46 dólares) por ir a la marcha y “provocaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, causando heridos, incendios de vehículos oficiales y daños a bienes públicos”.
Los señalados en la denuncia
El Gobierno apunta como “principal organizador de la violenta movilización” a Leandro Capriotti, del club Chacarita Junior y cercano al dirigente sindical Luis Barrionuevo.
La denuncia menciona la participación de Mario Firmenich, exjefe de Montoneros -grupo armado que actuó en la década de 1970-, quien desde España -donde reside- difundió un video en el que instó a la movilización en apoyo de las personas mayores.
También se señala a los alcaldes de los municipios bonaerenses de La Matanza y Lomas de Zamora, gobernados por los peronistas Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente, ambos opositores al Gobierno de Javier Milei.
Según la denuncia, de esas localidades de la periferia de Buenos Aires acudieron gran parte de los manifestantes que fueron a la plaza del Congreso, en la capital argentina.
En la denuncia también se cuestiona a la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de casi todos los detenidos.
Según el Ministerio de Seguridad Nacional, la magistrada no analizó las pruebas y liberó a detenidos con antecedentes penales por lo que se evalúa denunciarle por prevaricato y violación de los deberes de funcionario público.
La ministra Bullrich afirmó que el operativo del miércoles fue “adecuado” y que “se tomó la decisión de comenzar a dispersar a los violentos desde el primer momento” porque los manifestantes tenían armas blancas y de fuego y estaban preparados para “generar violencia”.
“Los que generan violencia van a tener como respuesta la represión del Estado“, advirtió Bullrich, que ya fue denunciada ante la Justicia por los delitos de privación de la libertad, apremios ilegales y abuso de autoridad.
