Jan Brewer, gobernadora de Arizona, promulgó ayer la Ley sobre inmigración más dura de Estados Unidos. La normativa, sin embargo, fue calificada por el presidente Barack Obama como un esfuerzo “equivocado” que destaca la necesidad de una reforma nacional.
La Policía del estado fronterizo con México podrá, a partir de ahora, comprobar si un extranjero está de forma ilegal en el país si existen “sospechas razonables”, lo que según críticos de la Ley abre la puerta para diferenciar a las personas por sus perfiles raciales.
La inmigración es un tema que ha estado sujeto a amargos debates en EE.UU., donde unos 10,8 millones inmigrantes ilegales viven y trabajan en las sombras. Se espera que la Ley -aprobada esta semana por el Senado, controlado por republicanos, y promulgada por Brewer, también republicana- genere un desafío legal.
“Si permanecemos sin actuar a un nivel federal, seguiremos viendo esfuerzos equivocados en todo el país”, dijo Obama previamente en una ceremonia de juramentación de nuevos ciudadanos estadounidenses, en Washington.
Obama calificó de “irresponsable” a la iniciativa.
A juicio del Mandatario, su aprobación podría quebrantar la confianza entre la Policía y sus comunidades. “He instruido a miembros de mi administración para que monitoreen detenidamente la situación y examinen los derechos civiles y otras implicaciones de esta legislación”, dijo.
Brewer indicó que la Ley “protege a cada ciudadano de Arizona y a todos los que estamos en nuestro estado legalmente, y lo hace mientras asegura que los derechos constitucionales de todos en Arizona permanezcan sólidos”.
La Gobernadora firmó la controvertida iniciativa acompañada de todo su Gabinete, mientras miles de manifestantes alzaban pancartas y gritos de rechazo frente a la sede del Gobierno de Arizona.
“La Ley que voy a firmar, el proyecto del Senado 1070, es otra medida de nuestro estado que trabaja por resolver una crisis que no hemos creado y el Gobierno federal se ha negado a solucionar. Durante semanas, esta legislación ha sido objeto de un intenso debate e intensa crítica. Mi decisión de firmar no fue de ninguna manera tomada a la ligera. He escuchado pacientemente a ambos lados”, aseguró Brewer.
La Ley convierte en delito residir en el país sin documentos migratorios y permite a la Policía confirmar el estatuto migratorio por “sospechas razonables” .
En México y en Guatemala las principales fuerzas políticas, así como portavoces del Gobierno, condenaron el texto, que a partir de ahora afecta a unos 400 000 ciudadanos indocumentados -mayoritariamente hispanos- que viven en Arizona.
“El Gobierno de México utilizará todos los recursos a su alcance para defender los derechos y dignidad de los mexicanos en Arizona”, señaló una declaración leída por la ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México: “De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales en la materia, toda persona tiene derecho a ejercer sus prerrogativas más esenciales bajo el principio de no discriminación”.
Anteriormente, México ya había manifestado su preocupación a través de su Embajada en Washington. “Las iniciativas que se limitan a criminalizar el fenómeno migratorio crean espacios para la aplicación indebida de la Ley en función del perfil racial”.
“Estamos muy decepcionados”, dijo en un comunicado Janet Murguía, presidenta del Consejo Nacional de La Raza (NCLR) , organización defensora de los derechos civiles de los hispanos, principal minoría en Estados Unidos. “Brewer se une a una larga lista de políticos de Arizona que tratan de asegurar su supervivencia política a expensas del pueblo que dicen representar y servir”, agregó.
Aunque Arizona no es uno de los estados con mayor cantidad de indocumentados en el país, es la segunda jurisdicción -después de Nevada- con mayor proporción de inmigrantes no autorizados respecto de su población: casi medio millón en relación con los 6 millones de habitantes, según el Centro Hispano Pew.
“De un plumazo, la Gobernadora llevó al estado a una nueva caída”, lamentó Ángela M. Kelley, vicepresidenta del Instituto de Immigration Policy and Advocacy.
“La promulgación de la Ley es otro ejemplo de por qué necesitamos arreglar nuestro averiado sistema de inmigración”, dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado de EE.UU., Harry Reid.
Punto de vista
Luis Gallegos / Embajador en Estados Unidos
‘La Ley criminaliza al inmigrante’
El estado de Arizona ha comenzado a criminalizar a los inmigrantes. La Ley Antiinmigración, promulgada ayer, criminaliza al inmigrante.
Esta decisión tiene una visión persecutoria y en ciertos casos de tintes de racismo. Creo que esta Ley va a ser objeto de rechazo de la comunidad inmigrante de Estados Unidos y, seguramente, actuará la sociedad civil para llevar este tema ante la Corte Suprema del país, para que no entre en vigencia.
El problema fundamental que vemos en la promulgación de la Ley es el ánimo constante de buscar una criminalización del inmigrante, cuyo único delito de vivir en Estados Unidos es buscar mejores días para él y para su familia.
Creo que es el momento de expresar el rechazo a este tipo de actitudes que, como dijo por la mañana el presidente Barack Obama, se contraponen a los valores más esenciales de Estados Unidos.
Me preocupa, enormemente, la situación vulnerable en la cual se le pone a la comunidad inmigrante en Estados Unidos. No solamente ecuatorianos, sino cualquiera que sea la nacionalidad.