El gigante farmacéutico Pfizer anunció el viernes 13 de mayo del 2016 restricciones en la venta de algunos de sus productos para evitar su uso en inyecciones letales a presos condenados a muerte en Estados Unidos.
“Estamos restringiendo la distribución de determinados productos que han formado parte de los protocolos de ejecución de determinados estados. Pfizer se opone firmemente al uso de estos productos en inyecciones letales”, afirmó la compañía en un comunicado.
La decisión de Pfizer supone un varapalo para los estados que aún aplican la pena de muerte ya que, según el The New York Times, era la última compañía farmacéutica de Estados Unidos y Europa que aún no había dado el paso.
Pfizer publicó una lista con siete productos como el propofol, el bromuro de pancuronio y el cloruro de potasio que a partir de ahora distribuirá de forma restringida a un selecto grupo de mayoristas bajo la condición de que no los vendan para inyecciones letales.
En los últimos cinco años, cerca de 20 farmacéuticas europeas y estadounidenses han bloqueado sus productos para tal propósito.
Ante la escasez de inyecciones letales, algunos estados como Arizona o Texas intentaron comprar los fármacos en India, pero el producto fue requisado por las autoridades federales a su llegada a Estados Unidos.
Otros han aprobado el uso de métodos alternativos como el escuadrón de fusilamiento (Utah), la silla eléctrica (Tennessee) o la asfixia con hidrógeno (Oklahoma), aunque ninguno lo ha puesto aún en práctica en los años recientes.
Finalmente, algunos estados, como la propia Texas, han obtenido los fármacos en pequeños laboratorios que mantienen en rigurosa confidencialidad para evitar que reciban amenazas de los opositores a la pena de muerte.
Otros, como Ohio, se han visto forzados a suspender indefinidamente las ejecuciones.