Un juez ordenó al Gobierno argentino no aplicar la resolución que declara la caducidad de Fibertel, una proveedora de Internet, en un primer fallo a favor de la empresa. La decisión se dio en medio de una fuerte lucha de intereses, publicó ayer el diario Clarín. Elvio Sagarra dictó recientemente una medida cautelar que impide al Gobierno “la aplicación y la ejecución” de la resolución de cierre, por lo que el Estado “deberá abstenerse” de afectar la “prestación del servicio de Internet Fibertel que actualmente presta (la firma) Cablevisión”, dijo el periódico. Enfrentado con el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, el gigante de medios Grupo Clarín -que controla a la empresa de Internet y al diario homónimo- inició una batalla judicial el 19 de agosto pasado, cuando la Casa Rosada dispuso otorgar 90 días para que Fibertel dejara de prestar servicios. La decisión oficial adujo que la proveedora de Internet no estaba habilitada. El juez de la ciudad bonaerense de La Plata falló como consecuencia de la presentación de una clienta de la empresa, miembro de un grupo de consumidores, y con carácter general.Hasta esta decisión, otros jueces habían dictado medidas cautelares a favor de usuarios individuales. La nueva medida judicial tendrá vigencia hasta tanto se dicte sentencia definitiva, sostuvo la nota. Fibertel, con alrededor de un millón de abonados, es una de las proveedoras de Internet más grandes del mercado argentino y compite directamente con compañías telefónicas que últimamente se lanzaron con grandes propuestas de servicios.Después de la decisión gubernamental, en agosto, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un informe donde se afirma que los entonces dueños del único fabricante de papel de periódicos, Papel Prensa, se vieron forzados en 1976, bajo las torturas del régimen militar (1976-1983), a vender la empresa a quienes hoy son los principales diarios del país, Clarín y La Nación.El Grupo Clarín controla el 49% de las acciones de la empresa, mientras que La Nación posee un 22,5% y el Estado argentino un 27,5%.