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La defensa del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá este miércoles 13 de agosto de 2025. Los abogados buscan eliminar la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria
El expresidente Álvaro Uribe fue condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal el 1 de agosto.
Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana buscan revocar este fallo remitido por la jueza Sandra Heredia. quien encontró culpable al exmandatario en un caso que marcó un hito en Colombia.
La apelación, un extenso documento de 904 páginas, argumenta que la sentencia carece de pruebas sólidas y refleja sesgos políticos que comprometen la imparcialidad judicial.
Los abogados de Uribe solicitan al tribunal que absuelva al expresidente de los cargos de soborno y fraude procesal. Alegan que la jueza Heredia emitió un fallo con referencias políticas que afectan la neutralidad del proceso.
Según la defensa, no existen pruebas directas que demuestren que Uribe indujo o instigó los delitos imputados.
El recurso también cuestiona la admisión de intercepciones telefónicas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. La defensa sostiene que estas grabaciones violan el secreto profesional entre cliente y abogado, lo que representa una irregularidad procesal.
La defensa insiste en que Uribe debe recuperar su libertad mientras se resuelve la apelación. Argumentan que la prisión domiciliaria, impuesta tras el fallo de primera instancia, carece de justificación, ya que el proceso aún no concluye.
El caso, conocido como el “juicio del siglo” en Colombia, continúa generando controversia. La decisión del Tribunal Superior de Bogotá definirá el futuro judicial del líder del partido Centro Democrático, una figura clave en la política colombiana.
El proceso contra Uribe se inició en 2012, cuando él mismo denunció al senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos.
Cepeda preparaba una acusación contra el expresidente por presuntos nexos con el paramilitarismo. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación contra Uribe por intentar influir en testigos para evitar declaraciones en su contra.
En 2018, la jueza Heredia determinó que Uribe, a través de Cadena, pagó a exparamilitares presos para que no lo vincularan con grupos de derecha que enfrentaron a las guerrillas en el conflicto armado colombiano.
Este fallo convirtió a Uribe en el primer expresidente de Colombia condenado penalmente.