El Poder Judicial de Perú resolvió este 6 de octubre mantener la acusación por organización criminal contra la líder opositora Keiko Fujimori por los presuntos aportes ilícitos de su partido, Fuerza Popular, durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016.
En una sesión virtual, el juez Víctor Zúñiga declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Fujimori, que solicitó archivar la acusación en su contra por el delito de organización criminal en el caso “Cócteles”, por el que la hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) afronta un pedido fiscal de más de 30 años de cárcel.
El magistrado también desestimó los pedidos presentados por otros seis imputados en el mismo caso y contra el partido Fuerza Popular, al considerar que dicha solicitud debe ser evaluada y resuelta en la etapa de juzgamiento y no en la etapa intermedia en la cual se encuentra el proceso.
En septiembre pasado, Zúñiga rechazó también otro recurso presentado por la defensa de Fujimori, que en ese caso había solicitado archivar la acusación en su contra por lavado de activos.
Caso ‘Cócteles’
Por el caso “Cócteles”, la líder opositora está siendo investigada como parte de una presunta organización criminal conformada en Fuerza Popular para captar y ocultar fondos supuestamente recibidos de manera irregular para financiar sus campañas de 2011 y 2016.
Entre las aportaciones investigadas está un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht y USD 3,65 millones de Credicorp.
La acusación fiscal se formuló por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos, crimen organizado, obstrucción a la Justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo.
En junio pasado, la Corte Suprema peruana rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de Fujimori, quien por este caso ya cumplió un primer periodo de prisión preventiva desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
Sin embargo, en enero de 2020 el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos USD 20 500.
Fujimori abandonó la prisión en el momento más crítico de la pandemia en Perú, después de que denunciara el riesgo de contraer la enfermedad, al igual que las presas que permanecían en esos momentos en la hacinada cárcel de mujeres de Lima.
