España reitera a independentistas catalanes que referéndum es 'una quimera'

El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1 de octubre próximo que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España. Foto: EFE

El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1 de octubre próximo que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España. Foto: EFE

El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1 de octubre próximo que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España. Foto: EFE

El Gobierno español reiteró hoy, 20 de septiembre de 2017, a los independentistas catalanes que el referéndum secesionista que quieren celebrar el 1 de octubre es "una quimera imposible" porque "no tiene ninguna legitimidad", y les conminó a que "regresen a la ley y a la democracia".

En una declaración institucional, el presidente español, Mariano Rajoy, les advirtió de que están "a tiempo de evitar males mayores", e insistió en que no renunciará a ninguno de los instrumentos del Estado de derecho para "evitar que la sinrazón de unos pocos la sufran el conjunto de los ciudadanos".

Rajoy avisó a quienes "aprovechan el órdago independentista" para "generar inestabilidad en las calles" y "debilitar las instituciones", para subrayar que "tendrán que responder ante los españoles de su deslealtad en un momento tan decisivo de la vida política". El jefe del Ejecutivo español (PP, centroderecha) defendió una "respuesta integral del Estado de derecho".

"Lo que está en juego no es una demanda política, está en cuestión el propio fundamento de la democracia, el Estado de derecho ha actuado y seguirá actuando", dijo, a la vez que insistió en que para cada ilegalidad y vulneración de la ley habrá una respuesta "firme, proporcionada y rigurosa".

Añadió que se ha demostrado que España es un "Estado democrático y de derecho" que tiene los mecanismos e instrumentos necesarios para impedir que quienes infringen las normas básicas no puedan hacerlo.

Mecanismos también, subrayó, para exigir responsabilidades a quienes "con tanta imprudencia" están poniendo en "grave riesgo" la convivencia.

Las palabras de Rajoy cerraron una jornada marcada por la detención de 14 altos cargos catalanes -de los que tres quedaron en libertad-, que elevó la tensión política en el país y sacó a la calle a cientos de partidarios de la independencia.

Las principales concentraciones se realizaron en Barcelona en los lugares donde tuvieron lugar las detenciones y se extendieron por las vías principales de la ciudad, que tuvieron que ser cortadas por la policía ante la afluencia de gente.

El mayor número de personas, unas 40 000 según datos policiales, se concentró en los alrededores de la Consejería de Economía y hacienda del Gobierno regional donde se llevó a cabo uno de los registros.

Las protestas por las detenciones se replicaron a lo largo de la jornada en otras ciudades españolas como Madrid, donde centenares de personas se concentraron en el centro de la capital apoyadas por los independentistas de ERC y PDeCAT, la formación de izquierdas Unidos Podemos, entre otras.

También los principales partidos independentistas del País Vasco (norte de España) celebraron manifestaciones de apoyo al Ejecutivo de Cataluña y en contra de las detenciones de sus altos cargos.

El Gobierno regional catalán convocó un referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma española para el 1 de octubre próximo que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional de España.

El Constitucional español también suspendió el 12 de septiembre la llamada "ley de Transitoriedad" aprobada la semana precedente por el Parlamento regional catalán, que pretendía poner en marcha un nuevo Estado en forma de república y que fue recurrida por el Gobierno de Madrid.

El recurso presentado por el Gobierno español contra esa ley considera esa norma como "la mayor afrenta y amenaza" a las bases sobre las que se asienta la convivencia en España desde 1978 (fecha de la Constitución española) y el "mayor ataque concebible" a los valores democráticos.

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