18 de January de 2012 17:08

España: Ex propietario de una inmobiliaria reconoció que recibía comisiones de los bancos

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En un hecho sin precedentes un juez madrileño indaga al propietario de una inmobiliaria por las hipotecas basura. La mayoría de afectados son ecuatorianos.

El ex propietario de la inmobiliaria Central Hipotecaria del Inmigrante, Enrique Caño, reconoció ayer que algunos bancos españoles le pagaban por llevar nuevos hipotecados y que las entidades eran conocedores del sistema de avales encadenados que aplicó a sus clientes. Una revelación gravísima, tomando en cuenta que Caño está imputado por un presunto delito de estafa al gestionar hipotecas con prácticas poco transparentes. Esos clientes eran sobre todo ecuatorianos.

El acusado declaró ayer ante el Juez de Instrucción No. 42 de Madrid dentro de la fase de investigación en el proceso judicial que inició con la denuncia de una decena de compatriotas. Afuera medio centenar de personas de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España, CONADEE, y de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, apoyaban a los denunciantes.

Acusan a Caño de engañarles con hipotecas de alto riesgo, a través de un sistema de avales encadenados que les permitía acceder al crédito solo si avalaban a otro cliente. El problema es que entre avalistas ni se conocían. Además, denuncian que Caño les hizo firmar letras de cambio en blanco por supuestos préstamos personales para cubrir el valor de las viviendas. Después se enteraron que los bancos les cubrían el 100% de los créditos: Caño se embolsaba cada mes el dinero de créditos fantasmas.

Según los denunciantes su “chiringuito inmobiliario”, como se ha dado en llamar en España a los pequeños negocios que proliferaron durante el boom de la construcción, operó en connivencia con los bancos y estos son tan responsables de la estafa como él.

“Con la declaración de hoy ha quedado claro que hay responsabilidad de los directores de las sucursales bancarias y es de entender que el juez les llame a declarar. Sin embargo, nos sorprende que hasta hoy no se les incluya como imputados”, dice Rafael Mayoral, abogado de la acusación.

Según él, Caño es solo la punta del iceberg de un entramado vinculado a las entidades financieras, que buscaba grandes ganancias a costa de eludir el sistema de control de riesgos del Banco de España, equivalente al Banco Central de Ecuador.

El primer paso era buscar personas susceptibles de caer en la trampa. Caño vio en los inmigrantes su nicho de negocio. Compartían vivienda, muchos vivían hacinados y el deseo de tener casa propia era imperioso. Para gestionar el préstamo, Caño les obligaba a avalar a desconocidos o a figurar como copropietarios.

La idea que se transmitía al Banco de España es que la escasa renta de una familia para cubrir el préstamo era compensada con el aval o copropiedad de otra. “Se daba a entender que el crédito estaba garantizado, el engaño es que la misma persona era dueña de dos pisos o avalista. Eran hipotecas con riesgos temerarios”, dice Juan Moreno, también letrado de la acusación.

Los problemas empezaron cuando alguien dejó de pagar. La crisis hizo que esta situación fuera recurrente. La riobambeña Olga Pargo avaló el piso de dos desconocidas que al poco tiempo dejaron de pagar. El banco le exige pagar la deuda. “Vamos a ir a por ti”, le dijo la directora de la sucursal. “Pero ya no me pueden quitar nada”, exclama entre sollozos. Ella y su esposo se quedaron sin trabajo y hace dos años devolvieron su piso. El banco les aceptó en dación en pago: se quedaron sin deuda, pero no recuperaron lo aportado.

El problema es la vivienda avalada. De no saldarse el crédito, la ley española establece el cobro a los descendientes. “No me voy de España sin arreglar esto, no quiero que persigan a mis hijos”. Sabe que el piso ha sido subastado, espera la notificación del banco. “Si me dicen que he quedado con deuda, no pagaré. No es que no quiera, no tengo de dónde”, concluye esta madre de tres niños.

Elvia Dumaguala está en la misma situación. El piso que avaló se ha dejado de pagar. El banco ya le ha notificado que si no se pone al día “actuará conforme la ley”. Pero sus problemas no acaban ahí.

Su vivienda, cuya hipoteca gestionó Caño, fue avaluada en 190 000 euros, pero el acusado le hizo firmar un préstamo de 230 000 euros. Sobran 40 000 euros. Ahora el Ministerio de Hacienda le reclama 9 800 euros por concepto de impuestos y multas por unos ingresos no declarados: justamente 40 000 euros. Dinero que Dumaguala nunca vio.

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