1 de August de 2011 10:21

Entra en vigor la mayor protección a víctimas de violencia de género y trata

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Ya no es posible iniciar un expediente de expulsión a las víctimas de violencia de género y trata, en situación irregular, cuando denuncien el delito. La modificación de la Ley de Extranjería que prevé la mayor protección de estas personas ya fue publicada en el BOE.

El viernes entró en vigor la modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley de Extranjería, que otorga mayor protección a las víctimas de violencia de género y trata.

La reforma aprobada definitivamente el pasado 14 de julio fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el jueves 28 de julio e incluye una disposición final que establece la entrada en vigor de la modificación el día siguiente a su publicación en el BOE.

Con la modificación ya no se puede incoar un expediente de expulsión a las mujeres que, estando en situación irregular, denuncien violencia de género o trata. Además sus hijos y quienes dependan de ellas tienen acceso a protección y permisos de residencia.

La medida pretende animar a las víctimas a denunciar esos delitos. En lo que va del año la violencia de género ha producido 34 víctimas mortales, de las cuales solo 10 habían presentado denuncia. El 30,3 % de las víctimas (10) eran extranjeras. En cuanto a los agresores 11 de los 34 tenían nacionalidad extranjera.

Con respecto a las víctimas de trata, tampoco se podrá incoar una orden de expulsión para una mujer extranjera que haya denunciado ese delito, "tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión".

Además se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas.

También en este caso se amplía la protección de las autoridades a los hijos de la víctima que sean menores de edad o incapacitados y que se encuentren en España en el momento de la identificación, extendiéndoles la posibilidad de acceder al retorno al retorno asistido o a las autorizaciones de residencia o trabajo que ya se contemplan para la denunciante.

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