06 de febrero de 2021 15:27

Gobernar con el fusil sobre la sien

Soldados montan guardia en una de las carreteras cercanas a Naypyidaw, la capital de Birmania, tras el golpe de Estado.

Santiago Estrella

Soldados montan guardia en una de las carreteras cercanas a Naypyidaw, la capital de Birmania, tras el golpe de Estado. Foto: EFE

Los gobernantes electos en las urnas luego de una dictadura militar tienen la compleja tarea de reinstaurar el sistema democrático y la independencia de poderes; garantizar el respeto a la libertad y los derechos humanos. Y en ese andar, enfrentarán un problema mayúsculo: los militares pueden dejar el Gobierno, pero no necesariamente el poder. Arman la transición de tal modo que los civiles administran con los fusiles sobre sus sienes.

Eso es lo que acaba de pasar en Birmania (o Myanmar). Luego de casi medio siglo de dictadura, el país vivió una década de democracia. Pero 10 años resultaron pocos para fortalecerla. Nunca es mucho tiempo: Estados Unidos, que había podido vanagloriarse de sus más de 200 años de republicanismo ininterrumpido, tuvo que recurrir a expresiones como “defender la democracia” ante los intentos de desestabilización y hasta de “golpe” por parte de los milicianos de ultraderecha.

En Birmania, las cosas quedaron hechas para que los militares no perdieran el control. Mantenían una cuarta parte de los escaños en el Parlamento, y estaban al frente de los ministerios más importantes. Y como para que las cosas quedaran claras, dieron el golpe el mismo día de la festividad democrática: el 1 de febrero, antes de que se instalara el nuevo Parlamento elegido en noviembre del año pasado. Además, la no menos polémica Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi (señalada por el genocidio a la minoría musulmana rohinyá), se debía encargar nuevamente de ser la líder del país del sudeste asiático.

Ya desde hace semanas había el rumor de que se iba a dar el golpe. La organización política de los militares, el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, fue derrotado abrumadoramente por la Liga Nacional para la Democracia en las urnas. Aquellos dijeron que hubo fraude. Como muchos, no presentaron prueba alguna que convenciera.

América Latina bien puede atestiguar las complejidades de gobernar luego de las dictaduras que, en algunos casos, tuvieron apoyo de no pocos civiles.
En Argentina, el golpe militar comandado por Jorge Rafael Videla terminó con el gobierno de ‘Isabelita’ de Perón el 24 de marzo de 1976. El país vivía en una tensión constante de violencia entre la derecha y la izquierda. Estaba la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y estaban los movimientos guerrilleros del peronismo de izquierda.

Muchos sectores civiles vieron en la ruptura del orden constitucional la vía para pacificar el país y poner orden en medio de una violencia que aterrorizaba a los argentinos. Los militares los llamaron ‘Proceso de reorganización nacional’.

En Chile, el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende. Lo hizo en nombre de salvar al país del comunismo y de una crisis económica y escasez de alimentos que le permitieron tener el apoyo no solo de la derecha, sino también de aquellos de pocos recursos.

La democracia habría de volver y los primeros presidentes, Patricio Aylwin (Chile) y Raúl Alfonsín (Argentina), debieron gobernar bajo la sombra de las botas mientras pensaban en llevar adelante las investigaciones a las juntas por su sistemática violación a los derechos humanos y llevarlas a juicio.

Raúl Alfonsín fue el que logró ir más lejos. En 1985, dos años después de llegado al poder, la justicia condenó a cadena perpetua a cinco altos miembros de la dictadura en el histórico juicio a las Juntas. Pero en los cuarteles quedó la tensión. Y en 1987, se produjo el levantamiento de los ‘carapintadas’, que pedían, entre otras cosas, el sobreseimiento de los mandos medios que participaron en la represión. “La Casa está en orden”, dijo Alfonsín ante una multitud que llegó a la Plaza de Mayo para defender una democracia arduamente recuperada.

Sin embargo, los organismos de derechos humanos no le perdonan a Alfonsín haber promulgado, dos meses después de la sublevación, la ley de Obediencia Debida, que sostenía que aquellos militares de grado menor a coronel no podían ser juzgados porque cumplían órdenes en el marco de la disciplina militar.

Pinochet, en cambio, se quedó como jefe del Ejército, desde la entrega del poder a Aylwin, en 1990, hasta el 11 de marzo de 1998, cuando ya era presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Y luego fue senador vitalicio, aunque debió renunciar.

La democracia chilena no tuvo mucha suerte en juzgar a Pinochet, que tenía demasiado poder. Ante una investigación a su hijo mayor por corrupción en el caso de unos cheques, comandos liderados por su Jefe mayor, se ubicaron a 200 metros de La Moneda vestidos de campaña. Aylwin cedió y, después, con Frei-Tagle se cerró definitivamente el caso .

Los líderes de las democracias recuperadas siempre -o casi siempre- se enfrentan a esta encrucijada: ceder en defensa del sistema con sus debilidades o permitir un derramamiento de sangre. Es la complejidad de toda transición. Y cualquier decisión que tome, para colmo, será ferozmente criticada.