La destitución de la directora del Parque Nacional Galápagos, Raquel Molina, en marzo del 2008, es señalada como una señal negativa frente a los esfuerzos de conservación de las islas Galápagos, según reseña el cable 147666.
La primera semana de marzo, Molina fue sacada del cargo por decisión de la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, quien justificó su salida porque no estaba cumpliendo adecuadamente sus funciones y tenía roses permanentes y conflictos con diversos sectores de las islas (La versión completa de la Ministra se publica en la entrevista de la página 3).
Molina fue destituida -destaca el telegrama- pese a que se esforzó por defender con vehemencia este ecosistema único, “y sin temor se enfrentó a los poderosos sectores de la pesca y los operadores turísticos. Además, trajo mucha estabilidad al parque e incrementó significativamente el patrullaje y las actividades de aplicación de la ley.
Una semana después, Molina dijo que la Ministra no le había expresado ningún disgusto o inconformidad, apenas un mes antes, cuando presentó su informe anual a la mesa de donantes internacionales de Galápagos. Ella, según el telegrama, fue la primera directora del parque que permanecía en el cargo durante un año consecutivo, en el último lustro.
Fuentes de alta confiabilidad citadas por el cónsul Douglas Griffith, quien envió el cable, dijeron que el pecado real de Molina no fue su incompetencia, sino su negativa a cerrar los ojos a casos de corrupción y actividades ilegales en el parque. “Una muy conocida activista ambiental nos dijo que Aguiñaga destituyó a Molina, luego de que había cuestionado abiertamente la decisión de permitir que un barco turístico de 48 pasajeros navegara a través de un acuerdo con otra operadora que le cedió sus permisos.
La empresa turística pidió que Molina autorizara la operación, a lo cual ella se negó, a fines de noviembre del 2007. Rechazó el pedido, citando regulaciones del Parque Nacional que prohíben a cada bote arreglar permisos múltiples en asociación.
Las tres operadoras subsecuentemente se quejaron a la Ministra de Ambiente. Y regresaron donde Molina el 25 de febrero con otra carta pidiendo su aprobación. Un día más tarde, Molina recibió una resolución de la Ministra ordenándole aprobar el requerimiento. Molina le respondió a Aguiñaga la siguiente semana negándose a cumplir la orden.
La ministra Aguiñaga -agrega el documento- confirmó a personal de Usaid (agencia estadounidense de cooperación) que ella y Molina tuvieron una disputa por los permisos, pero negó firmemente que esa fuera la causa principal de su destitución, señalando que el permiso era legal.
“No es la primera vez que la conservacionista Molina tenía choques con los intereses económicos en Galápagos. Desde que fue nombrada directora, en mayo del 2006, Molina se enfrentó repetidamente con las compañías de turismo, comunidades de pescadores, autoridades locales, la Armada ecuatoriana y a veces el Gobierno central sobre la pesca ilegal y el turismo en las islas”.
Según reseña el Cónsul, ante el riesgo de comprometer sus principios, Molina tuvo muchos enemigos. La ministra Aguiñaga se quejó de que la ex Directora no había construido compromisos de los gobiernos locales y el sector privado. Molina reconoció que sus días estaban contados cuando Aguiñaga fue nombrada ministra, pues antes ya había tenido algunos roces con ella.
“La salida de Molina será un duro golpe a los esfuerzos por preservar la ecología especial de Galápagos y una victoria para aquellos que presionan por el desarrollo económico de la isla. Por años, Ecuador ha luchado para equilibrar los intereses en Galápagos. Aunque no había sido siempre una experimentada administradora, Molina tenía una buena reputación de honestidad y deseo de proteger el ecosistema. Su voluntad de controlar a todos los sectores y su negativa e inflexibilidad a comprometer sus principios hicieron de ella un contrapeso a quienes representan los intereses económicos en las islas”.