Cristina Fernández de Kirchner cobra doble pensión vitalicia, en Argentina correspondiente a USD 22 000. Foto: Archivo/ EFE
El juez federal argentino Claudio Bonadío afirmó el lunes 25 de julio del 2016 que la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) “obviamente” tiene “todas las garantías” para defenderse de forma “absolutamente plena” ante la Justicia y negó que las dos causas por las que la investiga sean algo personal contra ella.
Bonadío está a cargo del expediente sobre presuntas operaciones irregulares del Banco Central durante el final del Gobierno de Fernández a través del “dólar futuro”, en el que dictó su procesamiento y el embargo de sus bienes.
Además de otro que investiga la empresa Los Sauces, participada por la exmandataria, abierto tras una denuncia de la diputada opositora Margarita Stolbizer.
La “revisión escalonada” de las decisiones que toma el magistrado por parte de otras instancias que actúan de manera “independiente” es lo que establece que “una persona que ha sido sometida a un proceso penal tenga las garantías de defenderse de una manera absolutamente plena” como la exmandataria, apuntó en Radio Nacional.
En ese sentido, señaló que su investigación sobre los contratos del dólar futuro está siendo “permanentemente auditada” por una cámara de apelaciones y una de casación, por lo que no puede hacer “cualquier cosa”, sino “lo que corresponde en función de las pruebas que se van recolectando” y “para nada” se trata de una revancha personal contra la expresidenta.
A principios de julio, Fernández denunció a Stolbizer, que encabezó varias de las demandas judiciales contra ella, y al propio magistrado -cuya “animosidad” considera “manifiesta”- por “tráfico ilícito de información”, luego que la diputada pidiera investigar presuntos movimientos irregulares en las cuentas de la ex jefa de Estado.
Para la diputada, Los Sauces fue utilizada “como una pantalla para encubrir” el alquiler de “inmuebles a nombre” de esa sociedad, la cual, a su juicio, fue constituida por Fernández y sus dos hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y recibió transferencias “millonarias” por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
En el marco de este expediente, Bonadío ordenó al menos diez allanamientos en distintas ciudades de la sureña provincia de Santa Cruz en busca de documentación que lo ayudara a determinar si los inmuebles fueron utilizados para supuestos negocios irregulares.
Por todo ello, tanto Fernández como su hija y algunas personalidades políticas afines al kirchnerismo han insistido en numerosas ocasiones en la “persecución” por parte de la Justicia que creen que está sufriendo la familia Kirchner.
El magistrado declaró hoy que este tipo de reacciones se ven en “absolutamente todas las situaciones” ya que “ninguna persona” que es sometida a una investigación penal “está contenta con el juez que lleva adelante la causa”.
Asimismo, negó que el impulso de ambas causas haya coincidido con el cambio de Gobierno y la llegada al poder de Mauricio Macri, el pasado 10 de diciembre, sino que tiene que ver con “cuándo se hicieron las denuncias”.
Sobre la posibilidad de que Fernández sea privada de libertad, Bonadío señaló a radio La Red que se resolverá “en función de cuáles son las pruebas que se juntan, los delitos que se imputan y las actitudes” de los implicados.
A la pregunta de si después del procesamiento sin prisión preventiva que dictó en el marco de la causa del “dólar futuro”, considera que no hay ningún motivo para pensar que la expresidenta pueda estar presa, respondió “póngalo así”.
