En esta foto de archivo tomada el 17 de enero de 2018, el obispo de Osorno, Juan Barros (der.), participa en una misa al aire libre celebrada por el Papa Francisco (izq.). Foto: AFP
La crisis de la Iglesia católica, salpicada por continuos casos de presunto abuso sexual, marcó el 2018 en Chile, año en el que Sebastián Piñera comenzó su segundo mandato y la Corte Internacional de Justicia rechazó que el país esté obligado a negociar con Bolivia su salida soberana al mar.
En clave interna, en un año sin catástrofes naturales ni sismos de gran magnitud, los cimientos del país se vieron sacudidos por el recrudecimiento del conflicto mapuche tras el fallecimiento de un comunero por un disparo en la nuca durante un operativo de Carabineros.
La visita del papa Francisco a Chile en enero de 2018 dejó paso de inmediato a una oleada de denuncias por presuntos casos de abuso sexual cometidos en el seno de la Iglesia católica del país, que vive el peor momento de su historia.
Para investigar las denuncias, el pontífice envió hasta en dos ocasiones al arzobispo de Malta, Charles Scicluna, quien en su primera misión elaboró un informe de más de 2 000 páginas sobre el obispo Juan Barros, acusado de encubrir los abusos sexuales cometidos por el sacerdote Fernando Karadima, condenado en 2011 por la Justicia canónica.
Los obispos chilenos fueron citados al Vaticano, donde reconocieron haber cometido “graves errores y omisiones”, y pusieron su cargo a disposición del pontífice, que hasta la fecha ha aceptado las renuncias de siete de ellos.
Además, el papa expulsó del servicio clerical a dos exobispos y dos sacerdotes, entre ellos a Karadima, por diversos casos de abuso que salieron a la luz dejando atrás la lógica de silencio y oscurantismo en el que vivían hasta ahora los denunciantes.
En la actualidad, las causas abiertas en la Fiscalía por abusos sexuales son 139, que implican a 245 víctimas y a 190 personas investigadas.
La crisis de la Iglesia católica ocupó un tiempo de la reunión que mantuvieron Piñera y el papa el pasado octubre en el Vaticano, en la que también se habló de la política migratoria impulsada por el gobernante chileno, uno de los temas principales de su primer año de mandato.
Piñera puso en marcha un proceso de regularización de extranjeros, e impulsó una reforma migratoria que exige una visa especial de turismo a haitianos y un permiso a migrantes venezolanos.
Todo ello en pos de una migración “buena, ordenada, regulada y segura”, pero que fue tachada de racista y discriminatoria por varias ONG.
El Gobierno también estableció un “Plan Humanitario de Retorno Ordenado”, para la repatriación voluntaria de inmigrantes que no consiguieron instalarse con éxito en Chile y desean volver a su país.
Y ya cerca de concluir el 2018, el Ejecutivo anunció su decisión de no integrarse al Pacto Migratorio Mundial de la ONU, aprobado por más de 150 países en Marrakech, por entender que afecta la soberanía de los países para decidir sus políticas de inmigración, entre otros.
En La Araucanía, en el sur del país, reventó de nuevo el conflicto mapuche tras la muerte del comunero Camilo Catrillanca, de 24 años, que se vio inmerso en un procedimiento de Carabineros, que supuestamente perseguían a unos ladrones de automóviles.
Si bien no se ha esclarecido la identidad y el propósito del autor material del disparo, las dudas sobre el cuerpo han ido en aumento, entre una confusión de versiones sobre lo sucedido y la destitución y renuncia de varias autoridades de Carabineros.
En materia social, se promulgó la ley de identidad de género que permitirá el cambio de nombre y sexo legal a partir de los 14 años de edad, mientras que en lo económico el Banco Central de Chile pronóstico un del PIB del 4 %, el mayor desde el año 2013, cuando la economía chilena se expandió también ese porcentaje.
El 2018 fue también el año en el que la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló que Chile no tiene obligación legal de negociar con Bolivia la restitución del acceso soberano al Pacífico perdido en una guerra en 1879.
El fallo significó “un gran triunfo para Chile”, según enfatizó Piñera, que lo celebró con un baño de patriotismo en Antofagasta, una de las ciudades ubicadas en el centro del reclamo de Bolivia, que presentó su demanda ante la CIJ en 2013.
Se prevé que ambos países vuelvan a confrontarse en la CIJ en 2019, esta vez por el estatus de las aguas del río Silala.