Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se pretende reparar las pérdidas materiales y morales de los afectados por el conflicto armado en Colombia. Foto: Archivo / Reuters
El presidente colombiano, Iván Duque, sancionó este viernes 8 de enero del 2021 una prórroga por diez años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que está vigente desde el 2011 y permite indemnizar a los civiles afectados por la confrontación y la devolución de terrenos usurpados a los campesinos.
La prórroga había sido aprobada por el Congreso colombiano el pasado 11 de diciembre y con ella la ley estará vigente hasta el 10 de junio de 2031, detalló la Presidencia.
“La nueva Ley, que ahora será reconocida como 2078 del 8 de enero de 2021, modifica la Ley 1448 de 2011 por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, agregó la información.
En ese sentido, la nueva norma determinó que “el Gobierno nacional presentará un informe anual al Congreso de la República detallado sobre el desarrollo e implementación de la presente ley, así como el objeto cumplido de las facultades implementadas”.
Igualmente, el Congreso deberá pronunciarse sobre la ejecución y cumplimiento de esta norma un año antes de que se venza, agregó la información.
Con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras se pretende reparar las pérdidas materiales y morales de los afectados por el conflicto armado en Colombia, que se estima son más de 8,7 millones de personas.
La iniciativa fue firmada en junio de 2011 por el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, en una ceremonia en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo, y que tuvo como testigo de honor al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
En diciembre de 2019, la Corte Constitucional amplió la vigencia de la ley, que culminaba en junio de este año, al estudiar una demanda presentada por los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, que aseguraban que la finalidad de la norma no estaba cumplida y que también afectaba la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC en noviembre de 2016.