Chavismo desestima acatar sentencia de Corte IDH sobre RCTV

Diosdado Cabello rechazó los actos que supuestamente se estarían mentalizando contra sus familiares. Foto: AFP

El presidente de la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) de Venezuela, Diosdado Cabello, descartó el 9 de septiembre del 2015 que el Estado vaya a acatar la reciente sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordena restablecer la señal a la televisora RCTV.
Durante una sesión parlamentaria extraordinaria celebrada en el estado de Zulia, en la frontera con Colombia, Cabello consideró como "total y absolutamente inadmisible" la sentencia del organismo hemisférico, al que acusó de estar "al servicio de los intereses imperiales" de Estados Unidos.
"Por ahí la Corte IDH emitió una sentencia para devolverle los equipos y la concesión a RCTV. Yo lo voy a decir en nombre de Diosdado Cabello, pero estoy seguro de que lo voy a decir en nombre de los diputados revolucionarios y del pueblo: total y absolutamente inadmisible cualquier injerencia de sacro organismos internacionales que están sólo al servicio de los intereses imperiales", aseguró Cabello.
La Corte IDH emitió el lunes la sentencia que obliga al Estado venezolano a "restablecer la concesión de la frecuencia del espectro radioeléctrico correspondiente al canal dos de televisión y deberá devolver los bienes objeto de las medidas cautelares", que habían solicitado los directivos de Radio Caracas Televisión (RCTV).
RCTV era una de las televisoras más populares de Venezuela pero mantenía una línea crítica con el entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien en 2007 decidió no renovar la concesión que utilizaba para operar el espectro radioeléctrico, lo que se tradujo en el final de la señal abierta.
El presidente del congreso acusó a los magistrados de la Corte IDH de haber sido "cómplices del golpe de Estado" que derrocó brevemente a Chávez del poder en abril de 2002, toda vez que reconoció al gobierno de facto instalado e inclusive ignoró un recurso que se introdujo para velar por la vida de Chávez mientras estuvo privado de libertad.
Durante la sesión parlamentaria, la mayoría oficialista decidió aprobar el estado de excepción en varios municipios fronterizos con Colombia, decretado recientemente por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como una manera de reforzar la seguridad ante el auge del contrabando ilegal, el crimen y el paramilitarismo, de los que responsabilizan a Bogotá.