El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, escribió que los implicados volverán a su país y “pagarán por sus crímenes”. Foto: AFP
Brasil revocó el estatuto de refugiado de tres paraguayos acusados por Asunción de haber participado en el secuestro de la esposa de un empresario en 2001, una decisión celebrada por su país de origen.
Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, que militaban en un partido de izquierda y se declararon perseguidos políticos en 2003 tras huir de Paraguay, perdieron el estatus tras decisión del ministro Sergio Moro, publicada este martes 23 de julio del 2019 en el Diario Oficial de la Unión.
“El ministro Moro retiró el estatus de refugiado, concedido por el gobierno de Lula (2003), para tres terroristas del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Volverán a su país y pagarán por sus crímenes”, tuiteó el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.
El gobierno del presidente paraguayo Mario Abdo también celebró la noticia e indicó que las autoridades brasileñas están “haciendo todo el esfuerzo para sacar a los prófugos de nuestra justicia y ponerlos a disposición del Paraguay”.
Caroline Godoi, la abogada de Arrom, Martí y Colmán, indicó a la AFP que interpondrá todos los recursos posibles contra la revocación “ilegítima” de la condición de refugiados y advirtió que la eventual extradición podría contravenir la normativa nacional e internacional de refugio.
Los tres hombres viven en Curitiba (sur) y podrían ser detenidos tras haber perdido la condición de refugiados, añadió.
Arrom y Martí eran dirigentes del Partido Patria Libre (PPL) en 2001, cuando se produjo el secuestro de María Edith de Debernardi, esposa del empresario Antonio Debernardi y nuera del primer presidente de la represa hidroeléctrica Itaipú Binacional, Enzo Debernardi. La justicia paraguaya los acusa de haber participado en la acción.
Poco después de la liberación de la mujer en enero de 2002, Arrom y Martí desaparecieron durante 15 días y fueron encontrados con rastros de torturas en una vivienda de las afueras de Asunción. Denunciaron por ese hecho a policías, a fiscales y a dos ministros, y algunos de esos funcionarios fueron destituidos.
Los dos hombres demandaron al Estado paraguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el mes pasado determinó sin embargo que “los indicios presentados fueron insuficientes para concluir que los señores Arrom y Martí fueron privados de libertad por parte de agentes estatales o con la aquiescencia de éstos”.
Colmán también fue dirigente del PPL. Unos USD 50 000, parte del botín del rescate de USD 1 000 000, se recuperaron en su domicilio, según el fiscal de la causa, Manuel Doldán.
Este, sin embargo, no presentó ninguna demanda ante la CIDH.
Por el secuestro de Debernardi ya han sido condenados en Paraguay seis exintegrantes del PPL a penas de entre 18 y 5 años de prisión.
Versiones encontradas
En Brasil, el Comité Nacional para los Refugiados (Conare) decidió el 14 de junio pasado retirar el estatuto de refugiado a los tres paraguayos, argumentando que “ya no subsisten los hechos que en 2003 llevaron a la concesión del refugio”, esto es, el temor de persecución en Paraguay. Moro, en la decisión publicada este martes, recurrió al mismo argumento para dar su palabra final sobre el tema.
El Centro de Protección a Refugiados e Inmigrantes de la Casa de Rui Barbosa (Cepri) y tres organizaciones de defensoras de los derechos humanos habían solicitado al Conare mantener el estatus de refugio de Arrom, Martí y Colman argumentando que la falta de fundamentos técnicos da “espacio a agendas políticas que jamás deberían inmiscuirse en la dinámica de decisión de refugio de Conare”.
La abogada Godoi añadió que “Arrom, Martí y Colmán sufrieron formas atroces de persecución política, habiendo sido presos y torturados en Paraguay, lo que no sólo fundamentó el reconocimiento de su condición de refugiados en 2003 sino que tornó necesaria la continuidad de protección”.
“Brasil no será más refugio para extranjeros acusados o condenados por crímenes comunes (en el caso, extorsión mediante secuestro), sea de Battisti, Arrom, Martí o de otros”, escribió también el ministro Moro.
El exactivista Césare Battisti, condenado a prisión perpetua por cuatro asesinatos en Italia en la década de 1970, vivía desde 2004 en Brasil, donde había obtenido el estatuto de refugiado. En enero de este año cruzó a Bolivia (después de que Brasilia emitiera un mes antes un pedido de captura en su contra) , donde fue capturado y remitido a las autoridades italianas.