Chile y Perú entrarán en una espiral de integración, pero también de nuevos conflictos, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), emita hoy su fallo sobre la frontera marítima común, según coinciden analistas y autoridades de ambos países.
Más allá de lo que la Corte defina sobre los 38 000 kilómetros cuadrados en disputa, la resolución abrirá el problema de la ejecución del fallo y de la negociación de asuntos militares, patrimoniales y económicos en una primera etapa.
Perú demandó a Chile ante la CIJ en enero del 2008, porque alega que no hay límites marítimos acordados y por tanto los vigentes en la práctica no son legítimos. Santiago considera que sí lo son, porque fueron acordados en sendos tratados firmados en 1952 y 1954, pero Lima no reconoce a esos documentos un valor demarcatorio.
La CIJ no solo anunciará qué país tiene razón en ese punto, sino que además, en caso de considerar correcta la posición del Perú, fijará de forma inapelable la nueva frontera marítima, a partir de las posiciones que cada bando tiene sobre la forma cómo debería trazarse. Chile sostiene que la frontera debe ser una línea recta a partir del hito que marca la frontera terrestre, pero Lima sostiene que el trazo debe ser perpendicular, de acuerdo con la geografía de las cosas.
Por ahora, las señales son duras desde los gobiernos, pese a los llamados mutuos a la serenidad. En Lima, el mandatario Ollanta Humala exigió aplicar el dictamen “lo antes posible”.
Sin embargo, en Santiago el presidente Sebastián Piñera advirtió que “se tomarán todas las precauciones y disposiciones necesarias para defender los legítimos derechos e intereses de Chile” en la ejecución del veredicto.
Desde hace semanas recrudecen en Lima los llamados para que Chile modere su gasto militar, uno de los más altos de la región. “Chile debe analizar la cuestión del armamentismo (…) los peruanos consideramos que es una amenaza inaceptable”, subrayó por ejemplo el exministro Carlos Ferrero Costa.
En Chile, la compra millonaria de tanques, submarinos y cazabombarderos sumó unos USD 10 000 millones entre 1990 y el 2013, sin considerar repuestos y municiones.
El analista Eduardo Santos, habitualmente invitado al Congreso, previó que otros USD 15 000 millones serán destinados a compra de armas nuevas y repuestos hasta el 2025, si no hay cambios en esta política.
Para el analista chileno Raúl Sohr, un fallo adverso abrirá en Chile un cuestionamiento a la utilidad del gasto militar para defender el territorio.
En este contexto, la Cancillería chilena exige hace meses a Perú que exprese públicamente que tras el fallo no quedan temas pendientes entre ambas naciones. Hasta ahora, Lima no otorgó señales al respecto.
Y es que Perú probablemente retomará, luego del fallo, sus históricas demandas de restitución del patrimonio saqueado por las tropas chilenas durante la ocupación de casi tres años de Lima en la Guerra del Pacífico (1879-1883).
Libros, monumentos y el buque insignia Huáscar son parte de los bienes que Lima quiere recuperar, y que Chile por ahora rechaza restituir, en el largo y cauto ‘ajedrez’ bilateral. Como ocurre desde hace tres siglos, estas desconfianzas convivirán con una creciente y amigable relación económica, expresada en fuertes flujos de inversiones y comercio, además de un mercado bursátil común.
Todo ello en el marco de la Alianza del Pacífico, que hasta ahora integran también México y Colombia. “Los empresarios se muestran confiados y seguros de que no habrá mayor impacto en el quehacer económico”, comentó el gerente de Estudios Económicos de la Asociación de Exportadores del Perú, Carlos González.
El intercambio comercial e inversor entre ambos países creció desde el 2008, cuando Perú interpuso la demanda. ¿Pero serán suficientes los dólares para resolver un proceso de integración que descansa en definiciones políticas? Por ahora, nadie puede asegurarlo.
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‘Ecuador y la región están atentos’
Marco Romero. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar
Como históricamente ha sido, la Corte intentará arbitrar más o menos equitativamente para los dos países y casi nunca con la satisfacción de las dos partes. En el caso ecuatoriano, al mantener unas relaciones renovadas con el Perú y una histórica relación con Chile, esto abre un compás de espera, para ver cuál será el pronunciamiento oficial.
Además, si bien en la propuesta de la Alianza del Pacífico predominan objetivos económicos, es probable que haya una repercusión geopolítica que indudablemente puede incidir en otros procesos. Es factible que esto genere tensiones dentro de esa alianza, porque no está planteada con objetivos de integración sino como una negociación para tratar de mejorar colectivamente su inserción en el área del Pacífico.
Ocho litigios aún latentes
- Colombia-Nicaragua. Mantienen una disputa sobre el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia.
- Guyana – Venezuela. El territorio que está en litigio (Guayana Esequiba), tiene una extensión de 160 000 km².
- Colombia- Venezuela. Disputa por la delimitación marítima en el Golfo de Ve nezuela, en el área de la Guajira.
- Bolivia – Brasil. Una pequeña isla ubicada en el Amazonas es objeto de litigio. Se trata de Isla Suárez.
- Chile- Bolivia. Bolivia reclama tener acceso al Pacífico desde que perdió una guerra con Chile en 1879.
- Brasil – Uruguay. Estas dos naciones se disputan la soberanía del Rincón de Artigas y de la “isla Brasileña”.
- Argentina – Reino Unido. El país gaucho reclama por las islas Malvinas/Falklands, en posesión británica.
- Nicaragua – Costa Rica. Se disputan la soberanía de un islote fluvial de poco menos de 3 km² de área.