Arquidiócesis nicaragüense denuncia agresión policial contra sacerdote y sobrino de Augusto C. Sandino

Según la Iglesia católica, Román, párroco en la ciudad de Masaya (Pacífico), fue detenido mientras se dirigía en un automóvil hacia su parroquia por agentes de la Policía nicaragüense, en una escena donde hubo

Según la Iglesia católica, Román, párroco en la ciudad de Masaya (Pacífico), fue detenido mientras se dirigía en un automóvil hacia su parroquia por agentes de la Policía nicaragüense, en una escena donde hubo "una grave discusión con agresión física".

Según la Iglesia católica, Román, párroco en la ciudad de Masaya (Pacífico), fue detenido mientras se dirigía en un automóvil hacia su parroquia por agentes de la Policía nicaragüense, en una escena donde hubo "una grave discusión con agresión física". Foto: Twitter / @Saenzn_e

El sacerdote nicaragüense Edwin Román, sobrino del héroe nacional de Nicaragua Augusto C. Sandino, y admirado por socorrer a personas heridas durante manifestaciones antigubernamentales, fue retenido y golpeado anoche por la Policía Nacional, informó este jueves 14 de febrero de 2019 la Arquidiócesis de Managua.

Según la Iglesia católica, Román, párroco en la ciudad de Masaya (Pacífico), fue detenido mientras se dirigía en un automóvil hacia su parroquia por agentes de la Policía nicaragüense, en una escena donde hubo "una grave discusión con agresión física".

En un audio difundido en redes sociales, Román explicó que fue agredido por una policía, cuando intentó grabar su detención. "Me dio un manotazo, queriéndome agarrar el teléfono, hubo un forcejeo", dijo el sacerdote, en el audio.

En la misma grabación, el párroco afirmó que, al momento de ser retenido, en las afueras de Masaya, un oficial lo reconoció y le dijo "por fin te agarramos".

La retención de Román duró aproximadamente media hora, según dijo el sacerdote, pero para su arquidiócesis se trató de una acción que refleja la situación que vive Nicaragua.

"Esta situación pone en evidencia la falta de un ambiente de paz y se suma a otros actos que no contribuyen a un cambio de concordia social. Ante esta y otras expresiones de intolerancia, urge retomar el respeto a los derechos de la persona humana en nuestra patria", indicó la Arquidiócesis de Managua en un comunicado.

Por su parte, la Policía nicaragüense aseguró en un comunicado que detuvo al párroco la noche del miércoles 13 de febrero de 2019 supuestamente por conducir "en evidente estado de ebriedad", y que este se "rehusó a realizarse la prueba de alcoholemia, ofendiendo verbalmente a los compañeros policías que cumplían sus funciones".

"La Policía Nacional en cumplimiento de sus misiones constitucionales en todo momento actuó con respeto a los derechos humanos y cortesía", agregó la institución.

Román tomó notoriedad a mediados de 2018 cuando abrió las puertas de su parroquia para que personas que protestaban contra el presidente Daniel Ortega, y que eran atacadas con armas de guerra por la Policía Nacional y grupos "paraestatales", pudieran refugiarse o bien recibir atención médica improvisada en caso de que no fueran recibidos en el hospital estatal local.

Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, desde el estallido social de abril pasado, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la Didh, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado fallido".

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