Afganistán retrocedió en derechos humanos en un año
Militantes talibanes celebraban el 22 de agosto pasado su primer aniversario de retorno al poder en Afganistán, con una movilización motorizada en Kandahar. Foto: EFE.
Un año después de que los talibanes retomaran el poder en Afganistán, luego de conquistar Kabul, el Gobierno interino ha impuesto un cúmulo de restricciones a las mujeres afganas, desde la imposición del burka hasta permanecer en casa y otras trabas, como su acceso al trabajo.
En ese sentido, Amnistía Internacional (AI) ha documentado en un informe las “flagrantes violaciones de los derechos humanos” que ha perpetrado ese régimen.
El trabajo de la organización, conocido el 15 de agosto de 2022, pone de manifiesto la impunidad generalizada ante crímenes como la tortura, los asesinatos de represalia y los desalojos forzosos de quienes se oponen a los talibanes.
Violencia, impunidad y falsas promesas
En el documento titulado ‘Un año de violencia, impunidad y falsas promesas’, AI constata que la situación sobre el terreno es completamente distinta a la que anticipaban los líderes talibanes en agosto de 2021, cuando aseguraban que se respetarían los derechos de las mujeres y la libertad de prensa, entre otros aspectos.
En el caso específico femenino, los talibanes han restringido el derecho a la educación, oscureciendo el futuro de millones de niñas afganas, sostiene Amnistía Internacional, que alerta además que las autoridades “someten a las mujeres a una violencia creciente”, en ocasiones como una forma de castigar a sus familiares.
Decenas de mujeres han sido detenidas y torturadas por participar en protestas pacíficas para exigir sus derechos, en medio de restricciones crecientes que les han despojado de sus libertades, describe la organización humanitaria.
Asimismo, en los últimos 12 meses, AI ha recibido informes generalizados sobre soldados talibanes que golpean y torturan a personas, por considerar que han infringido edictos del actual régimen o las acusan de trabajar con el Gobierno anterior.
Cientos de personas civiles han sido detenidas arbitrariamente. “A muchas las golpean con las culatas de los fusiles o las azotan durante el arresto”, relata el informe.
Retroceso educativo
De la misma manera, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) denunció, este lunes 15 de agosto, que el cierre de las escuelas secundarias femeninas en Afganistán puede acarrear un pesado costo económico, que podría llegar a los USD 5 400 millones.
El Fondo estimó así las ganancias que los tres millones de jóvenes afganas, pendientes de finalizar sus estudios secundarios, generarían si participasen luego en el mercado laboral.
Los talibanes habían prometido, tras tomar el poder, reabrir las escuelas para las jóvenes de entre 12 y 18 años tan pronto como se “adaptaran” los contenidos a la ley islámica o sharía.
Pero el pasado 23 de marzo, cuando las afganas se disponían por fin a retomar las clases, el régimen dio marcha atrás.
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