Imagen referencial de Pedro Gonzalo Chávarry, fiscal general de Perú, tomada de la cuenta de Twitter @FiscaliaPeru
El fiscal general de Perú, Pedro Gonzalo Chávarry, fue ratificado el viernes 3 de agosto de 2018 en su cargo a pesar de estar involucrado en el escándalo de los audios de jueces que vendían sentencias e intercambiaban favores.
La junta directiva de la fiscalía, de cinco miembros, ratificó a Chávarry en una votación 3-2, en la que él mismo votó, mientras avanza en el Congreso una acusación constitucional en su contra por cohecho y tráfico de influencias.
“La junta (…) no tiene la facultad para pedirle la renuncia a Pedro Chávarry”, dijo a la prensa Tomás Gálvez, uno de sus integrantes.
Chávarry asumió su cargo el 20 de julio a pesar de estar en el ojo del huracán tras la difusión del audio de una conversación telefónica en que supuestamente pide favores a un cuestionado juez de la Corte Suprema.
Pudo asumir el cargo, para el que había sido elegido semanas antes de que estallara el escándalo, gracias a otra votación (3-2) de la junta directiva de la fiscalía, en la que él volcó la balanza en su favor, lo mismo que hizo en la votación de este viernes.
El presidente peruano, Martín Vizcarra, no asistió a la ceremonia en la que Chávarry juró como nuevo fiscal general por tres años, mientras algunos de sus propios colegas le piden que dé un paso al costado por haber mentido sobre sus lazos con el cuestionado juez César Hinostroza.
Chávarry negó inicialmente haber acudido a una misteriosa reunión con este juez de la Corte Suprema en la casa del empresario Antonio Camayo, que ahora está preso por el escándalo, pero días después reconoció que había asistido.
La acusación constitucional contra el fiscal general, acogida a trámite hace dos días por el Congreso de ese país, fue presentada por el legislador izquierdista Marcos Arana, quien afirmó que Chávarry “le mintió al país”.
El Congreso de Perú es la “instancia competente para decidir el futuro de Chávarry”, expresó el fiscal supremo Gálvez.
También se encuentra en el ojo del huracán el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Edwin Oviedo, tras la divulgación de sus conversaciones telefónicas con el juez Hinostroza y con el empresario Camayo.
Desde que estalló el escándalo, el 8 de julio, han renunciado el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y el ministro de Justicia, Salvador Heresi, entre otros.
Además, fue destituido y detenido el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos, y renunciaron todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano que nombra jueces y fiscales.
En respuesta al escándalo, el presidente Vizcarra propuso una reforma judicial y anunció un referéndum para “legitimarla”.