Según datos de la Defensoría Pública, las mujeres son las que más se acercan a solicitar ayuda para casos familiares, en la unidad móvil que se desplaza por distintos barrios de Quito. Foto: Imagen referencial Archivo/ EL COMERCIO
Raquel camina a pasos cortos, lleva a su niño entre sus brazos mientras busca un lugar para sentarse en el sector de Solanda, en el sur de Quito. Se acomoda en una banca de un parque y comenta: “a veces las cosas llegan a la vida sin esperarlas”.
La mujer de 25 años de edad habla con voz baja. Es notablemente tímida. Dice que sus días han mejorado desde hace poco tiempo. Aunque no recuerda la fecha exacta, cuenta que una mañana fue a visitar a su tía en el barrio Lucha de los Pobres, en el sur de la capital, pero se detuvo al observar que mucha gente rodeaba un bus.
Esa mañana, ella se encontraba triste. Su expareja había ido a visitar a su hijo, pero discutieron porque él no le ayudaba económicamente. “Me amenazaba, no nos casamos y me decía que por esa razón mi hijo no tiene derechos, eso me repetía siempre”.
Raquel decidió preguntar qué pasaba y la gente le explicó que al barrio habían llegado abogados gratuitos. Decidió quedarse, habló con un defensor público, desde ese instante conoció sus derechos y los de su hijo.
Los abogados gratuitos forman parte de las Unidades Móviles de la Defensoría Pública. Ellos brindan un servicio de asesoría legal y mediación sin ningún costo, en barrios alejados de Quito y en parroquias rurales.
La Unidad Móvil de la Defensoría Pública visitó el parque La Carolina, en el norte de Quito. Foto: Cortesía
“Para mí fue una alegría saber que si podía ponerle una demanda de alimentos al padre de mi hijo a pesar que él es casado”, cuenta Raquel. Además, ella señala que ya conoce sus derechos y que no acepta que su expareja la maltrate verbalmente. Actualmente espera la audiencia para conocer el monto de la pensión que su hijo recibirá por parte de su progenitor.
Entre abril mayo de este año, las Unidades Móviles del a Defensoría Pública han realizado 609 asesorías jurídicas gratuitas, de las cuales el 65% son mujeres y el 35% hombres.
Las personas acuden principalmente para asesorarse sobre tres procesos: demandas de alimentos, despidos intempestivos o temas de inquilinato, según la Defensoría Pública.
Ernesto Pazmiño, defensor Público General del Ecuador, explica que algunos de los objetivos del servicio de la defensoría móvil son llegar a las personas de escasos recursos, prevenir la violencia intrafamiliar y fomentar una cultura de paz.
Pazmiño sostiene que las personas desconocen sus derechos y que la asesoría legal les permite exigirlos. Desde el inicio del proyecto se ha detectado que las mujeres son las que más acuden en busca de asesoría. “Se trata de casos de violencia intrafamiliar”, agrega el Defensor.
Según estadísticas de la Defensoría Pública, el porcentaje de casos tratados son 29% derechos de la familia, niñez y adolescencia; 29,7 % de aspecto civil y el 12,5 % de temas laborales. Se estima que 1 800 casos han sido tratados por las Unidades Móviles.
El servicio ha trabajado en los barrios Carapungo, Quitumbe, Cima de la Libertad, Turubamba bajo, Manuela Sáenz, Lucha de los Pobres, Colegio Nocturno 5 de Junio y La Carolina. Según Pazmiño, el objetivo es que el proyecto sea replicado a escala nacional.