13 de octubre de 2020 00:00

Movimientos omiten requisitos de inscripción para las elecciones del 2021

El Pleno del CNE es el encargado de resolver la postulación de Abdalá Bucaram.

El Pleno del CNE es el encargado de resolver la postulación de Abdalá Bucaram.

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Andrés García

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue en sesión permanente para revisar las solicitudes de inscripción de candidaturas para los comicios del 2021. El Pleno del organismo, así como las Juntas Provinciales Electorales, debe pronunciarse sobre pedidos de calificación de postulantes que no cumplieron los requisitos o que son procesados por la justicia.

El consejero electoral Luis Verdesoto cree que los procesados intentan utilizar a su favor la inmunidad electoral que supone ser candidato a un cargo de elección popular.

El Código de la Democracia, en su artículo 108, establece que los candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados. “Hay que evitar que estas prerrogativas se conviertan en formas de evasión de la Ley”, señaló Verdesoto.

De los 17 binomios presidenciales en carrera, siete ya han sido calificados, pero solo los de Democracia Sí (Gustavo Larrea y Alexandra Peralta) e Izquierda Democrática (Xavier Hervas y María Sara Jijón) están en firme, ya que no se han presentado objeciones a su candidaturas.

En cuanto a la Asamblea Nacional, por ahora solo la lista de legisladores de Unidad Popular ha sido calificada. El Pleno, en los próximos días, tratará el informe sobre la lista de aspirantes de Fuerza Ecuador (FE), encabezada por el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz.

Bucaram actualmente porta un brazalete electrónico y cumple arresto domiciliario, ya que es investigado en tres procesos judiciales por supuesto tráfico ilícito de armas, tráfico de bienes patrimoniales y delincuencia organizada. El político guayaquileño no aceptó presencialmente su precandidatura en las instalaciones del CNE, pero busca llegar al Legislativo.

Fuerza Ecuador también inscribió como primer asambleísta del Distrito 1 de Guayas a Daniel Salcedo, quien es investigado por supuesta delincuencia organizada, como parte de los actos de corrupción en la red pública de salud durante la pandemia del covid-19. Salcedo tampoco aceptó su precandidatura y cumple prisión en la cárcel de El Inca, en Quito.

El respeto a la aceptación de precandidaturas de forma presencial, estipulada en el reglamento de Democracia Interna, generó el reclamo de 40 abogados y demás personalidades, quienes acusan a la Función Electoral de violentar la Constitución.

Arturo Moscoso, uno de los juristas que suscribió la carta, cree que el CNE no debió otorgar a Unión por la Esperanza (Unes) 48 horas de plazo para remplazar a Rafael Correa, quien no aceptó su precandidatura a la Vicepresidencia presencialmente. En su lugar, la plataforma solicitó la inscripción de Carlos Rabascall, para completar la fórmula electoral junto a Andrés Arauz. Consideran que se dejó un mal precedente.

Los abogados también critican la sentencia de primera instancia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que advierte que “resulta inaplicable” la aceptación personalísima de las precandidaturas. Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, apuntó que el fallo rebasa las atribuciones del juez Arturo Cabrera.

Advierte que otros actores políticos van a acogerse a esa resolución para “intentar inscribir candidaturas”, omitiendo la aceptación. Sin embargo, el CNE apeló esa sentencia y aún no está en firme.

Julio Candell, presidente de la Junta Electoral de Guayas, contó que están a la espera del informe técnico-jurídico sobre la inscripción de Salcedo. Una de las prohibiciones para inscribir candidaturas en el Ecuador es que el postulante tenga una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Fueron los directores o representantes legales de cada movimiento, y no los aspirantes, los encargados de solicitar la inscripción en línea o de forma presencial. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, cree que el sistema no debió permitir el ingreso de documentos de postulantes que no aceptaron sus precandidaturas. El consejero José Cabrera, en cambio, dijo que el software solo recibió documentación, pero es el Pleno el encargado de calificar.

Otra aspirante con procesos judiciales es la actual legisladora Karina Arteaga (AP), quien busca la reelección por el movimiento Juntos Podemos. Sobre Arteaga pesa una instrucción fiscal por el supuesto delito de concusión, por denuncias de sus excolaboradores por cobros indebidos. Arteaga actualmente utiliza un brazalete electrónico y cumple arresto domiciliario.

El exasambleísta Virgilio Hernández fue inscrito por Unes, para llegar al Parlamento Andino. Utiliza un grillete electrónico y fue llamado a juicio por supuesta rebelión, por el paro nacional de octubre del 2019. En su caso, Hernández sí aceptó personalmente su nominación en el CNE, pues al portar ese artefacto podía desplazarse sin problemas.

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