23 de octubre de 2018 00:00

Estado se moviliza tras la fuga de Fernando Alvarado

El presidente Lenín Moreno junto a los representantes de las otras funciones del Estado, ayer, en Carondelet. Foto: Julio Estrella / El Comercio

El presidente Lenín Moreno junto a los representantes de las otras funciones del Estado, ayer, en Carondelet. Foto: Julio Estrella / El Comercio

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Mario Alexis González

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Un exhorto a Paúl Pérez y al resto de dependencias judiciales. Esa fue una de las resoluciones a las que llegaron representantes de cuatro de las cinco funciones del Estado.

La fuga del país de Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación, hizo que el presidente Lenín Moreno modificara su agenda para reunirse con las autoridades del Estado.

Cerca de tres horas duró la cita en Carondelet. Asistieron Elizabeth Cabezas, por la Función Legislativa. Por la Función Judicial: el fiscal Pérez; Paulina Aguirre, presidenta de la Corte Nacional; y Marcelo Merlo, titular de la Judicatura.

Por la Función de Transparencia: Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación (Cpccs); y el contralor Pablo Celi. También estuvo el procurador Íñigo Salvador. La Función Electoral no participó del encuentro.

Tras la reunión, Moreno y Celi comunicaron las resoluciones. El Contralor indicó que ante la preocupación ciudadana se acordó hacer un exhorto al fiscal Paúl Pérez y a las distintas instancias judiciales para que se proceda a establecer medidas cautelares más severas y suficientes para garantizar que los procesos de juzgamiento, por delitos contra los recursos públicos, concluyan con las sanciones necesarias.

Esta fue la tercera reunión entre las funciones del Estado desde que Moreno se posesionó en mayo del 2017. La primera se hizo en junio de ese año y la segunda fue en febrero pasado (ver cronología adjunta).

De ahora en adelante las sesiones serán constantes. Moreno informó que otro de los acuerdos fue realizar reuniones quincenales para “robustecer” las estrategias anticorrupción. Además, informó que se decidió destituir a toda la cadena de responsabilidad de rehabilitación social y del ex Ministerio de Justicia, incluyendo a los servidores del ECU911, que estuvieron a cargo del monitoreo del grillete electrónico, del que Alvarado se despojó antes de su fuga.

En esta cadena de responsabilidad no se incluyó a Paúl Granda, ministro de Justicia encargado. Más bien, al funcionario se le asignó la tarea de interponer acciones legales en la Fiscalía contra todos los sospechosos de complicidad en el escape del exfuncionario. Ayer, él entregó al fiscal Paúl Pérez toda la información para esas investigaciones.

Dentro de las funciones del Estado hay dudas sobre la ayuda que tuvo Alvarado. Cabezas dijo que la Asamblea empezará un proceso de control político, ya que “no hubiese sido posible (la fuga) si no hubiera existido acciones cómplices de otras instituciones”.

Jorge Rodríguez, dirigente de la Comisión Anticorrupción, considera que esta fuga es una oportunidad para que todas las instancias públicas salgan del letargo que dejó el Régimen anterior, en cuanto a la lucha anticorrupción.

Por ejemplo, la Función Judicial y el Ejecutivo -dice- tienen que ser más activos y el Cpccs más asertivo, ya que se “desperdiciaron tres meses” con el fallido nombramiento de una

Judicatura transitoria.


Mariana Yépez, exfiscal General del Estado, cree que se le sobrecargaría de responsabilidad a la Fiscalía por la fuga, teniendo en cuenta que el control del cumplimiento de una medida como el grillete le corresponde a todo el aparato público de justicia.

Además, dice, la emisión de medidas cautelares más severas no puede determinarse como una norma general, ya que primero se debe analizar caso por caso para conocer si hay riesgos de fuga, antes de dictar la prisión preventiva.

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