¿Qué contemplan los seis planteamientos del Gobierno para reactivar la zona rural?

El pasado 12 de septiembre del 2019, Lenín Moreno mantuvo un encuentro con la organización de campesinos, comerciantes minoristas y representantes de la Economía Popular y Solidaria en Cutuglagua, al sur de Quito. Foto: Flickr Presidencia.

El pasado 12 de septiembre del 2019, Lenín Moreno mantuvo un encuentro con la organización de campesinos, comerciantes minoristas y representantes de la Economía Popular y Solidaria en Cutuglagua, al sur de Quito. Foto: Flickr Presidencia.

El pasado 12 de septiembre del 2019, Lenín Moreno mantuvo un encuentro con la organización de campesinos, comerciantes minoristas y representantes de la Economía Popular y Solidaria en Cutuglagua, al sur de Quito. Foto: Flickr Presidencia

En la zona rural, siete de cada 10 empleos dependen del sector agropecuario y cuatro de cada 10 personas son pobres, según cifras del INEC. El Gobierno apunta a esas zonas a través de seis medidas, que buscan la reactivación económica y social de su población.

Según el presidente Lenín Moreno, las iniciativas resultaron de los diálogos con diferentes sectores (se conocía que eran más de 60) y de los recorridos por el país. El catastro de camionetas y motos, los créditos para productores, los centros de acopio, las ferias ‘De la mata a la mesa’, la apertura de escuelas rurales y la revisión del examen Ser Bachiller.

Todas estas acciones están encaminadas a fortalecer la cadena de desarrollo rural que el Ministerio de Agricultura había impulsado con un plan. Pero también le servirá al Ejecutivo para la focalización de los subsidios de los combustibles, que está pendiente del diálogo, aunque no ha sido confirmado.

El analista económico Fidel Márquez señala que “es mirar al olvidado del país”, al pequeño y mediano agricultor que no ha tenido un desarrollo sostenido en los últimos 40 años.

El aporte del sector al Producto Interno Bruto (PIB) fue de 8,1% en el 2018. Márquez dijo que si se “logra la transformación”, debería crecer al 15%.

Sectores productivos se mostraron a favor de las medidas. La Conaie reaccionó ayer en contra; su presidente, Jaime Vargas, señaló que esas propuestas fueron presentadas por el gremio hace más de dos años, cuando se instalaron las mesas de diálogo con el movimiento indígena. “Son acciones desesperadas”.

1. Uso del transporte en el área rural consta en un informe

El Gobierno realizará un registro de las camionetas, vehículos y motocicletas que brindan el servicio de transporte de pasajeros y alimentos en el campo. Los tenientes políticos serán los responsables de informar cómo funcionará este procedimiento en cada parroquia, mencionó el presidente Lenín Moreno.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que se cuenta ya con un diagnóstico del uso de transporte en las zonas rurales del país. Pero hasta ayer en la tarde no se conocían detalles de qué entidad estará a cargo de la coordinación de este registro.

En el caso del transporte de pasajeros, las regulaciones en el sector rural son estrictas en algunas provincias y flexibles en otras. En las últimas se cuenta con convenios firmados por las instituciones competentes. En Cotopaxi, por ejemplo, alrededor de 500 transportistas prestan este tipo de servicio en las comunidades de Salcedo, Saquisilí, Pujilí, La Maná, Pangua y Sigchos.

En la Asamblea hay una iniciativa para regular esta actividad a escala intracantonal.

2. Productores agrícolas serán atendidos con créditos

El Gobierno señaló que atenderá al sector agrícola a través de créditos de la banca pública (Ban­Ecuador y Corporación Financiera Nacional) y privada, como Banco del Pacífico. Estas tres entidades ya mantienen líneas de crédito para la reactivación del agro, sector ganadero y de comercio de productos agrícolas. CFN, por ejemplo, lanzó el mes pasado su programa Impulso Agrícola para el comercio. BanEcuador tiene créditos para el banano, café y cacao además de líneas para asociaciones y organizaciones comunitarias. Franklin Torres, bananero de Ventanas, dijo que se debería facilitar el trámite para acceder a los créditos y que el proceso no sea ‘engorroso’ para los productores. La entidad anunció ayer que en articulación con Finanzas creará un fideicomiso para subsidiar la tasa de interés del sector agropecuario con USD 40 millones, para otorgar créditos a una tasa del 5%. Por parte de la banca privada, Banco del Pacífico tiene abierto el Crédito Prevención Fusarium 4, desde USD 20 000 por hectárea con una tasa del 8,21% para el sector bananero.

3. Centros de acopio nuevos o en delegación para el agro

Los centros de acopio son un eslabón clave en la cadena de comercialización. El Gobierno planea delegar la administración a organizaciones agropecuarias o que se levanten nuevas estructuras. En ambos casos, las asociaciones comunitarias o de pequeños y medianos agricultores serán los actores principales. En mayo, el MAG entregó 92 centros de acopio en 14 provincias de Costa y Sierra. Se calcula que el 80% de los silos a cargo de la Unidad de Nacional de Almacenamiento (UNA) podría entregarse en concesión, para que administren los campesinos. Y para construir los nuevos habrá líneas de crédito. Para esas estructuras se trabaja en los diseños que sean útiles según la ubicación geográfica, los productos (perecibles y no perecibles) y la movilidad. Por ejemplo, para la Sierra se proponen contenedores refrigerados.

Geovanny Coronel, gerente de Banabucay, dijo que la apertura de estos centros permitirá almacenar en un solo sitio la fruta y la legumbre y, de esta manera, comercializarla a precios que beneficien al productor y al consumidor.

4. El programa de ferias busca acortar la intermediación

El programa de ferias ‘De la mata a la mesa’ busca ubicar a 10 000 productores ofertantes hasta diciembre del 2019. Desde hace dos años está en marcha una estructura de 133 ferias medianas a escala nacional, pero el plan del MAG es montar cuatro macroferias. La primera se realizó en Ibarra y hubo 1 000 productores. La segunda se realizará en Quito, este sábado 9 de noviembre, en la explanada del MAG. Las otras serán en Azuay y Guayas. En la oferta hay frutas, legumbres y alimentos semiprocesados. Según el MAG, uno de los objetivos es reducir la intermediación, que en algunos productos pasa hasta por siete manos. Eso significará un ahorro de hasta 30% del costo. El plan es incluir a 15 000 productores ofertantes hasta marzo del 2020 y crear 30 nuevas ferias. La Asociación Unión Carchense, que produce oritos en Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo que el plan permitirá vender al costo real. Ellos comercializan la caja de 15 lb hasta en USD 3 a los centros de comercio intermedios, según Eduardo Aguavil. En las ferias esperan vender la caja en USD 6.

5. Unas 100 escuelas rurales se reabrirán hasta diciembre

Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno sobre la reapertura de 500 escuela rurales, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, confirmó que se reabrirán 100 escuelas en el área rural hasta diciembre. Además, se ha programado que para el próximo año se puedan reabrir 900 más. Dijo que con el impulso estatal y del sector privado se podrá llegar a ese número. Pero aún no conocen con exactitud cuál es el compromiso de ellos. “Estamos compartiendo información y dialogando”. Hasta el momento se han abierto 11 centros, pero a fines de enero el extitular Milton Luna anunció la apertura de 2 000 escuelas hasta el próximo año. Juan Samaniego, experto educativo, señaló que abrir un plantel no solo es cuestión de infraestructura sino una oportunidad para reconstituir el rol de la escuela en la comunidad. Para ello hay que tomar en cuenta cuatro consideraciones, entre ellas, la capacitación docente, la articulación de la familia y la escuela, la atención al rezago escolar y la continuidad de los estudios de los chicos de esas zonas.

6. Examen Ser Bachiller se revisará exhaustivamente

La revisión del Ser Bachiller, prueba de acceso a la educación superior pública, lleva varios años. Consultado sobre si aún es el filtro adecuado en el sistema nacional, Agustín Albán, titular de Senescyt, dijo que cree que hay que pasar a un sistema de cuotas para pueblos y nacionalidades y población afrodescendiente. Actualmente hay políticas de acción afirmativa que les permite tener puntos extras a quienes viven en territorios con mayor vulnerabilidad, tienen una discapacidad o pertenecen a esos grupos. Albán afirmó que cada año, unos 180 000 bachilleres se quedan sin cupo. Ser Bachiller, que llega a 1 000 puntos, ahora no es el único filtro. Además de los puntos por políticas de acción afirmativa, las universidades tienen sus propios procesos de admisión. Pero rectores consultados han insistido en que no es posible ir al libre acceso, pues no hay capacidad instalada para recibir a todos los postulantes. Con las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, a más del puntaje de esta evaluación se tomará en cuenta el récord académico del estudiante.

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