Moradores del Monte Sinaí realizan un plantón por la legalización de los terrenos en los que habitan. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
Falta poco más de un mes para que culmine el plazo que fijaron el Municipio y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) para la legalización de los predios de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil.
En septiembre de 2018, el exalcalde Jaime Nebot y el exministro Xavier Torres firmaron un acuerdo interinstitucional para determinar competencias y facilitar la entrega de títulos de dominio a los moradores hasta diciembre de 2019.
Este martes 5 de noviembre del 2019, cerca de 100 habitantes de este populoso sector llegaron con pancartas al edificio del Gobierno Zonal para pedir que se acelere la entrega de los documentos, por los que han esperado durante años.
“Tenemos seis años luchando por la legalización de Monte Sinaí”, dijo Xiomara Jara, líder del sector El Triángulo y quien presidió una veeduría ciudadana para dar seguimiento al proceso. “Hicimos todo lo posible para poder sentar al gobierno local y al Gobierno Central, pero no hay solución porque el Municipio dice que el Miduvi no manda la información. Hay 28 000 familias de las cuales 5 000 están semi legalizadas”.
La expansión de Monte Sinaí se aceleró en el 2010, en un vasto terreno segmentado en pequeños lotes marcados con cañas. Gran parte de sus habitantes entregó dinero a personas que luego fueron procesadas por el delito de tráfico de tierras. En ese entonces, la zona fue declarada área de reserva de seguridad. El sitio fue militarizado, hubo desalojos con maquinaria pesada, pero su crecimiento no se detuvo.
Los datos de base para los últimos anuncios de legalización están en una fotografía georreferenciada, captada por el Instituto Geográfico Militar en marzo de 2017. Hasta ese año el sector agrupaba 27 808 construcciones, en una extensión de 781 hectáreas donde viven cerca de 115 200 personas. Esta es la base de la Ley 88 que propuso la legalización de la tenencia de tierras a favor de moradores y posesionarios de predios en los cantones Guayaquil, Samborondón y El Triunfo.
Danny Zea contó que vive desde hace 14 años en este recóndito sector de la Perimetral noroeste. Cuando llegó recuerda que pagó USD 1 700 por su terreno ubicado en el sector Voluntad de Dios, el barrio 10 también conocido como Hacienda Esmeralda. “Este es el único barrio que está quedando fuera. Sin escrituras no somos dueños de nada. Si recibimos los papeles podemos exigir que empiecen a llegar los servicios básicos”.
Para su legalización el sector fue dividido en barrios. Algunos están bajo la competencia del Municipio de Guayaquil y otros corresponden al Gobierno (casi el 65% del territorio).
En los exteriores del Gobierno Zonal se realizó un plantón por la legalización de los terrenos en el Monte Sinaí. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO
En el acuerdo de 2018, el Cabildo se comprometió a realizar los planos de regularización de los barrios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 A y 11, que son de competencia gubernamental. Adicionalmente, se levantaría información sobre riesgos, factores ambientales, hidrosanitarios, vialidad y uso de suelo. El desarrollo de esas obras pasaría al Miduvi.
Jenny Pinto también fue parte de la veeduría de Monte Sinaí y ahora es vocera del Observatorio Nacional Ciudadano por el Hábitat y la Vivienda. Ella asegura que el Cabildo ya ha levantado la información, pero el proceso se estanca al llegar al Miduvi. “Después de firmar el convenio solo se han entregado 388 títulos y hay más de 20 000 familias en espera”.
María José Carvajal, coordinadora zonal del Miduvi, afirman que son más los beneficiarios. “Hemos entregado 3 100 títulos. Tenemos una base de datos de 12 000 familias por legalizar”.
En cuanto a la recopilación de información, la funcionaria confirmó que solo resta obtener los datos del barrio 10, trabajo que se realizaría en estos meses. “Con esto completamos los terrenos gubernamentales para poder levantar la información puerta a puerta y poder legalizar a las familias que cumplen con los requisitos de la Ley 88”.
Para el trámite los moradores deben presentar la copia de la cédula y un certificado que garantice que el predio aparezca en la foto georreferenciada de 2017. Estos datos son verificados y luego se firma un convenio de pago. Sobre las familias que han sido desalojadas, la coordinadora zonal explicó que se busca la posibilidad de conseguir lotes para su reubicación.
Guadalupe Pinela y Mercedes López llegaron con carteles esta mañana al Gobierno Zonal. Tienen 17 y 14 años en Monte Sinaí, respectivamente. Son vecinas de la cooperativa Valle Verde y desde 2013 han seguido los trámites para legalizarse. “Fuimos de los primeros que empezamos con esta lucha y aún no recibimos ningún documento que nos dé tranquilidad”.