9 de September de 2009 00:00

El modelo de empresa pública, listo

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Redacción Negocios
negocios@elcomercio.com

La  Ley Orgánica de Empresas Públicas  deberá esperar hasta el  26 de septiembre próximo para entrar en vigencia de manera  definitiva.
 
La falta de acuerdo entre los asambleístas en dos puntos frenó su aprobación  en la última sesión del Pleno de la Asamblea.
 
El Ejecutivo envió 13 objeciones  al proyecto.  De estas, se aceptaron 11 y no se pudo llegar a un acuerdo en dos.

El primero y el que generó más debate fue sobre el  monto de indemnización para los funcionarios que renuncien  voluntariamente. El Ejecutivo propuso un pago de hasta  siete salarios por año,  con un tope de hasta 200 salarios, es decir USD 43 600, según lo cual el pago puede variar de acuerdo con la empresa. Los asambleístas de Gobierno proponían un monto igual para todas las empresas. Y el segundo se refería a  contratación pública. Al final, el texto entrará en vigencia como sugirió  el Ejecutivo. 

Así las cosas, el cuerpo legal debe esperar a que se cumpla el plazo de 30 días establecido para tratar la objeción presidencial, esto es, el 26 de septiembre próximo, cuando  entrará en vigencia  por el Ministerio de la Ley, sin opción a modificar  el texto.
Esta ley es uno de los pilares en la hoja de ruta del  Régimen.

El cuerpo legal plantea las normas que regirán las nuevas empresas públicas, según lo establece  el art. 315 de la Constitución.
Este artículo dice: “El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de los sectores estratégicos, prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos naturales”.

La asambleísta gobiernista  Irina Cabezas explica que existe un límite y una priorización para la creación de empresas. “Generar empresas públicas para todas las actividades sería irresponsable”.
 
Por ello, indicó que básicamente se crearán firmas para la    prestación de servicios básicos (agua, alcantarillado, electricidad  y otras) y para   los sectores estratégicos (petróleo,  minería y más).
 
Durante el debate, se incluyó que las universidades puedan generar sus propias empresas. 
 
La idea básica es que las empresas  se rijan por un solo marco jurídico. Hoy  cada empresa estatal se maneja por sus  normas propias.
 
Las empresas estatales  tendrán 180 días para ajustarse a la nueva normativa.

El Presidente, por  Decreto, o los gobiernos locales, por  decisión administrativa, podrán crear  las nuevas empresas. 

Los   aspectos polémicos del proyecto de Ley Orgánica  de Empresas Públicas

Manejo del talento humano
Las empresas públicas tendrán tres tipos de trabajadores: servidores  públicos,  empleados de libre remoción y  obreros. Para el analista Luis Calero, el problema de esta norma es que contradice el artículo 229 de la Carta Política, que faculta a  un  órgano rector  (Senres) para regular  al  sector público. La Ley, en cambio, fija  un sistema en el que la empresa pública puede definir   salarios, política de ingreso de personal y más.   Según Calero, aún resta ver el impacto que tendrá la normativa en  Petroecuador que lleva desde hace meses un proceso de reestructuración a cargo de una    consultora internacional. En otro punto,  el proyecto   reconoce a la contratación colectiva como un derecho, pero con límites, pues restringe el pago  de sobresueldos y otros beneficios  excesivos.
   
 
La contratación de las firmas
 El proyecto establece un régimen especial de contratación cuando  las empresas públicas  suscriban    alianzas estratégicas. Cuando la alianza sea con firmas  privadas, el socio se escogerá  por concurso. Sin embargo, cuando se trate de una alianza con una  estatal, no se exige concurso. La asambleísta Irina  Cabezas defendió este punto al señalar que existen empresas estatales con experiencias positivas que podrían transmitirse a las empresas del país.  Según el analista  Ricardo Buitrón, otro riesgo  de la  Ley de Empresas Públicas es que permite crear  empresas subsidiarias de   derecho privado; es decir, que  no estarán sujetas a  la Ley de Contratación  Pública. Con ello, Calero dice que   se  abre una puerta que otorga amplias facultades a las empresas y escaso control.


La información se restringe
El proyecto de ley establece que las empresas públicas deberán divulgar en su página web información de los  balances financieros, la  ejecución presupuestaria, los informes de rendición de cuentas y los procesos de contratación pública. No obstante, se restringe la publicación de información comercial y empresarial “sensible a las empresas públicas”. Los artículos 1 y 19 de la actual Ley Orgánica de Transparencia  a la Información Pública establecen que toda información que emana del poder público es de los ciudadanos. Para Calero, la Ley de Empresas Públicas contradice esta norma y restringe la información. Cabezas no lo cree así. Señala que las empresas  deben competir  en el mercado y  existen datos estratégicos que pondrían  en riesgo el negocio.  

Las eléctricas van al Estado
El Gobierno quiere captar la  totalidad de las acciones de las empresas de distribución eléctrica, las cuales figuran actualmente como sociedades anónimas o de derecho privado. En un plazo de 180 días, el Estado comprará las acciones que están en manos de gobiernos locales, empresas, gremios o personas naturales.

Límites a  FF.AA. y Policía
El proyecto establece que las Fuerzas Armadas solo podrán administrar empresas relacionadas con la defensa. El Estado iniciará un proceso de desinversión en las firmas que no cumplan este objetivo. Un comité determinará las empresas en las que seguirán las  FF.AA. Igual análisis se realizará en las empresas que administra la Policía.

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