26 de September de 2011 00:01

Las miradas opuestas sobre el 30-S

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Sobre el tratamiento que han dado los medios de comunicación al tema 30 de septiembre (30-S) hay miradas contrapuestas. Son visiones polarizadas, que también reflejan el antagonismo político entre el Gobierno y la oposición.

Por un lado, organizaciones como Participación Ciudadana y Fundamedios, aseguran que desde el Régimen se ha vendido la idea de que hubo una intentona golpista. En la otra orilla están estudios como el de Isabel Paz y Miño, de la Universidad Católica, que sostienen que la prensa privada, a través de sus editoriales ha negado esa versión y ha sostenido que hubo una revuelta policial.

A cuatro días de que se cumpla el primer aniversario de lo ocurrido en el Hospital de la Policía y el Regimiento Quito, en especial, los analistas señalan que el Gobierno ha utilizado todo el aparataje estatal para reforzar el mensaje de que “triunfó la democracia frente a la intención de derrocar al presidente Rafael Correa”.

La Corporación Participación Ciudadana registra un aumento en la inversión publicitaria en meses considerados clave para posesionar esta idea. Así, en octubre del 2010 se observa un gasto de USD 2 109 979 –el mayor de ese año-. Y en agosto de este año, a un mes de la fecha que se planea conmemorar, se invirtieron USD 1 025 123 (ver tabla).

Es la conclusión a la que llega Ruth Hidalgo, directora de esta ONG, cuestionada por la Secretaría Nacional de Comunicación, cuyo titular, Fernando Alvarado no tuvo espacio en su agenda para entrevistarse con este Diario.

Hidalgo sostiene que, “la publicidad oficial ha sido utilizada como un recurso político durante este año”. En este sentido, César Ricaurte, de Fudamedios, otra ONG no bien vista a nivel oficial, recuerda que a partir del 30-S el Gobierno ha sofisticado las formas y la unificación del mensaje de que hubo un golpe de Estado.

En este escenario, subraya Ricaurte, ese mensaje es transmitido de manera “emotiva” para que llegue al corazón.

En Radio Pública suena, desde hace dos semanas, un 'jingle' que habla de apoyo al presidente Correa en el marco de los hechos del 30-S, con la frase “días de democracia”. Ricaurte también critica la creación de documentales financiados con fondos públicos y que ratifican el intento del golpe. Sin embargo, Rodolfo Muñoz, director de ‘Muchedumbre 30-S’, de 90 minutos, asegura haberle dado voz a dios y el diablo...

Participación Ciudadana también ha analizado las cadenas sabatinas y nacionales: concluye que han servido para el posicionamiento de ese discurso. Entre octubre del 2010 y agosto del 2011 se han transmitido cinco cadenas sobre los hechos del 30 de septiembre, con una duración total de 40 minutos.

Frente a estas acusaciones, Paola Pabón, asambleísta de Alianza País, tiene otra visión de la cobertura de los medios. Asegura que la prensa privada asumió una postura política, al desconocer los hechos. “No es solo que el Gobierno intenta levantar una gesta heroica, a través de publicidad”.

La legisladora citó el estudio de Isabel Paz y Miño, ‘Falsos positivos: visiones del 30-S en cuatro periódicos ecuatorianos’, publicado por la U. Católica. Analizó 323 editoriales institucionales y artículos de opinión, 95 de EL COMERCIO, 101 de diario Hoy, 63 de El Expreso y 64 de El Universo, en octubre del 2010.

Según Paz y Miño, el 35% de los editoriales sostiene que el 30-S no se produjo un intento de golpe de Estado, ni hubo secuestro ni se trató de matar al Mandatario.

Pero el oficialismo va más allá. No solo critica lo publicado por la prensa luego del 30-S sino que intenta acusarla de ser parte de la conspiración, sin mostrar pruebas. Eso se reflejó esta semana en la Asamblea. La oficialista María Augusta Calle presentó un proyecto de resolución en el que condena los hechos y se asegura “que la acción subversiva de la Policía fue sostenida y apoyada por una campaña comunicacional, sincronizada entre varios medios”.

Calle citó titulares de El Universo, publicados una semana antes al 30-S. Uno hace referencia al anuncio de protestas callejeras en contra de la Ley de Servicio Público. También cuestiona a medios que entrevistaron al legislador de Sociedad Patriótica, Galo Lara, a quien denominó“pitonisa del golpe de Estado”.

Por eso, el independiente Enrique Herrería cree que esta resolución pudiera ser “perversamente usada por Correa y sus funcionarios serviles”. Esto porque precisa que en el proyecto, entre líneas, se dice que los medios de comunicación son presuntos responsables de la supuesta insurrección.

Para Gustavo Abad, analista de medios de Ciespal, que ha defendido algunas tesis del Gobierno, todo es parte de la “disputa por el control del significado del 30-S”. La lucha es entre el poder político oficial y el poder mediático; eso ha provocado que el derecho a la información de los ciudadanos resulte afectado, pues este debe tomar una posición ante dos posturas polarizadas. “Los dos sectores están enfrascados en encontrar perlas en el fango”.

Sobre la agudización de la tensa relación entre Gobierno y medios Participación Ciudadana también ha registrado datos: en este año se han difundido 16 cadenas nacionales en contra de medios de comunicación o periodistas.

A esto se suman los informes de Fudamedios, que señala que aumentaron los ataques a comunicadores. En el 2010 se registraron 151 agresiones, de las cuales 33 se produjeron el 30-S. Mientras en lo que va de este año se han reportado 126 agresiones.

Ricaurte acota que ha observado que hay un aumento radical de ataques a periodistas, no solo verbales, sino físicos y que “ese clima hostil se incrementa con el discurso presidencial”.

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