Los policías y militares recorren la cabecera cantonal de San Juan Bosco y los accesos al campamento minero de Panantza. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO
En Macas, la capital provincial de Morona Santiago, se instaló la Mesa de Justicia la mañana de este martes 20 de diciembre del 2016. El objetivo fue coordinar las acciones para garantizar el Estado de Derecho y el debido proceso en la provincia, ante los hechos registrados en la parroquia Panantza.
A esta reunión asisten la ministra de Justicia, Lady Zúñiga, el ministro del Interior, Diego Fuentes y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, y varias autoridades provinciales como el gobernador, Rodrigo López.
En esa reunión se analizaron otra vez los hechos violentos registrados el martes 14 de diciembre en el campamento minero de La Esperanza, en la comunidad de Nankints, de la parroquia Panantza. Como resultado de este ataque falleció el policía José Mejía.
La ministra Zúñiga confirmó que hay cinco personas detenidas. A una mujer se le sustituyó la prisión preventiva por una medida cautelar, que consiste en presentarse tres veces por semana en la Fiscalía. Los detenidos permanecen en la Cárcel de Macas y la investigación se extenderá por 90 días.
El ministro Fuentes insistió sobre la campaña de recompensa en la que se ofrece hasta USD 50 000 para quien de información que ayude a determinar y capturar a los responsables de los hechos violentos. “No puede ser que un grupo genere violencia”, dijo el secretario de Estado.
Por su parte, el titular de la Judicatura, Gustavo Jalkh, indicó que dan su respaldo al pueblo shuar, pero rechazan la violencia y trabajan para que estos hechos no queden impunes. “La protesta social es un derecho de los ciudadanos, pero no se puede dejar en la impunidad actos de violencia”.
Para este jueves 22 de diciembre del 2016, los dirigentes zonales y autoridades policiales se reunirán para evaluar la instalación de Unidades de Policía Comunitarias en cada una de las seis comunidades más próximas al campamento minero.
Por otro lado, la Gobernación de Morona Santiago extendió un comunicado sobre el alcance y algunos cambios del estado de excepción decretado por el Ministerio Coordinador de la Seguridad el 14 de diciembre del 2016 y que regirá por 30 días en la provincia.
En el documento se informa que de conformidad con el Decreto Ejecutivo 1276, a excepción de San Juan Bosco y de las parroquias San Miguel de Conchay y San Antonio, la última del cantón de Limón Indanza, podrán autorizar la realización de eventos públicos y privados.
Pero la aprobación se lo hará previo a una valoración de seguridad por parte de la Intendencia Policía, comisarías cantonales y tenencias políticas. Además, la solicitud deberá contener datos como los nombres del organizador, tipo de eventos, fecha, cantidad de participantes y horario. Mientras que los eventos de concentración masiva deberán tener el Plan de Contingencia.