Desde el martes 5 de mayo, estudiantes, profesores y trabajadores se han concentrado en los exteriores de la Universidad Central para mostrar su inconformidad frente el recorte presupuestario anunciado por el Gobierno. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, buscó justificar la reducción de más de USD 98 millones del presupuesto de 32 universidades y politécnicas públicas del país, en el contexto de la emergencia sanitaria. Así, dijo, que el dinero que reciben los centros educativos y otras entidades se obtiene de la recaudación de impuestos y de la venta de petróleo. Ambos rubros han registrado una disminución debido a la crisis provocada por el covid-19.
La tarde de este miércoles 13 de mayo del 2020, Romo señaló que, en condiciones normales, las ventas diarias suman USD 500 millones. Pero, durante la cuarentena bajó a USD 150 millones diarios. Por lo que, “la cantidad de tributos que se recibían disminuyó”. Lo mismo sucedió con el precio del barril de petróleo. El Gobierno -recordó- tenía previsto un monto de USD 50 por el crudo. “Este mes llegó a cero, por lo que ¿se puede seguir gastando igual? No, no se puede”, se respondió.
Esto pese a que en la Constitución, en el artículo 165, se indica que ni siquiera el estado de excepción justifica que se toquen los recursos destinados para educación y salud. Académicos e incluso exministros de Educación de este Gobierno, como Milton Luna, se han pronunciado y han criticado que no se piense en otras alternativas, para no perjudicar a estudiantes que no tienen otras opciones, más que los centros públicos.
Juan Ponce, director de la Flacso, ha indicado que son alrededor de USD 298 millones los que se recortan a la educación inicial, media y superior. Y ha insistido en que los estudios que realizó esta universidad de posgrado, para el Ministerio de Educación, muestran por ejemplo los beneficios del Bachillerato Internacional.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, esta tarde también hizo un señalamiento a las universidades. Aseguró que en el 2019 ejecutaron supuestamente solo el 80% de sus recurso. Les faltó el 20%, aproximadamente, dijo. Pero no detalló las razones.
Galo Naranjo, rector de la Universidad Técnica de Ambato y presidente de la Asamblea del Sistema de Educación Superior, le recordó a la Ministra que le han pedido a su par de Finanzas, Richard Martínez, revisar lo que ellos califican como subjecución presupuestaria.
¿Cómo se puede ejecutar el 100% de los recursos?, consulta el Rector, si los fondos no se desembolsan en el primer trimestre del año. En el 2019, por ejemplo, empezaron a llegar en junio. Incluso buena parte se entregó a las universidades recién en octubre.
“El concepto de subejecución presupuestaria lo manejan erróneamente, en el caso de las universidades”, reiteró el rector Naranjo. Supongamos, dijo, que entre julio y agosto del 2019 me llegaron los fondos. Y nosotros debíamos hacer un proceso para construir un edificio, que cuesta USD 1 millón. Me toma mínimo 45 días completar el proceso en el Sercop. Si en noviembre se logra adjudicar al constructor, no le puedo entregar el USD 1 millon sino solo un anticipo, que podría ser equivalente al 50%. “Al final el Ministerio nos pone todo el monto como subjecución, es decir USD 1 millón. Pero ¿qué tal si le pago todo sin recibir la obra y es un constructor incumplido?”.
El vicerrector Administrativo y Financiero de la U. Central, Marco Posso, coincide con el rector de la UTA, Galo Naranjo. La Central, dijo, tuvo para el 2020 un presupuesto estatal de USD 131 millones. De ahí nos quieren recortar 11 millones. Además tenemos autogestión por USD 22 millones. La administración central ejecutó el 97,4% del presupuesto. Y las facultades, el 84%.
“¿Por qué?”, pregunta Posso y responde que se debe a que por ejemplo no se entiende que si la Facultad de Medicina recibió pagos por matrículas de alrededor de USD 4 800 000 en septiembre, no se lo puede gastar todo en 2019. Debe hacerlo conforme se desarrollan los módulos del posgrado. No se puede pagar por toda la maestría a los docentes, si aún no han dado las clases. Otro ejemplo: si en octubre, señala el vicerrector Posso de la Central, nos desembolsaron recién los recursos para comprar unos equipos, que cuestan USD 1 millón, les doy un anticipo de la mitad. Y el resto cuando entreguen todo, el siguiente año. “Se llaman fondos comprometidos no devengados, pero para el Ministerio de Finanzas, es una subejecución del millón de dólares, no solo de la mitad, porque no me entregan factura, como dice la Ley, del anticipo”.
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