Competencias de ministerios, en materia de incumplimientos a la Ley de Discapacidades, se remitieron en un reglamento

En Ecuador, personas con discapacidad denuncian obstáculos para obtener carnés. Dicen sentir

En Ecuador, personas con discapacidad denuncian obstáculos para obtener carnés. Dicen sentir "impotencia" ante la entrega de estos documentos a personas que realmente no los requieren. Foto: Pxhere.

Imagen referencial. Para Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), “es importante que quede claro que el Estado debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad”. Foto: Pxhere.

El presidente Lenín Moreno emitió el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades, con respecto a las competencias de entidades gubernamentales en materia de discapacidad. El documento se hizo público ayer, martes 13 de abril del 2021.

En total se menciona a ocho ministerios de Estado: de Salud, Transporte y Obras Públicas, Gobierno, Trabajo, Telecomunicaciones, Relaciones Exteriores, Educación y Cultura.

El primero tiene al menos 12 competencias, entre ellas, observar casos relacionados con impedimentos en el ingreso de animales de compañía de las personas con discapacidad, ocultamiento de inventarios, omisión de información en casos de nacimientos de niños con alguna patología que provoca discapacidad, cobro de medicamentos, insumos y ayudas técnicas en la red pública de salud, impedir el acceso a salud prepagada, negarse a inscribir a una persona en esta condición para que acceda a sus beneficios, entre otros.

La Cartera de Transporte deberá atender reclamos relacionados con el cobro de la tarifa preferencial en el transporte terrestre, aéreo, fluvial, etc., para este grupo de la población.

El Ministerio de Gobierno revisará los reclamos vinculados a las tarifas en eventos públicos. Mientras que el Trabajo, todo lo relacionado a los incumplimientos con el porcentaje de inclusión de ellos en las nóminas de las empresas.

Educación, en cambio, se encargará de atender problemas con el acceso a las aulas de clase de los chicos con esta condición.

En el caso de la entidad de Telecomunicaciones observará incumplimientos al acceso a las facilidades en el ámbito de la comunicación, en especial, a quienes tienen discapacidad auditiva. Además, las tasas preferenciales en servicios como la cedulación.

Asimismo, las carteras de Relaciones Internacionales y Cultura se encargarán de analizar dificultades relacionadas con tasas preferenciales en trámites consulares e impedimentos en el acceso de estos grupos de la población en espacios culturales, respectivamente.

Para Xavier Torres, presidente del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), “es importante que quede claro que el Estado debe garantizar los derechos de las personas con discapacidad, ya que existen medidas de acción afirmativa y políticas públicas para esta población. Así que en el caso de que haya instancias que no ofrecieran las garantías necesarias, deben darse sanciones; no está bien que las familias deban recurrir a jueces para impugnar derechos, hay que hacer que prevalezcan las normativas a favor de las personas con discapacidad en ministerios, que son rectores de las políticas y que deben implementar acciones“.

En el documento además se aclaró que en el plazo de 45 días, a partir de la publicación de la norma en el Registro Oficial, las instituciones deberán implementar procesos administrativos sancionatorios. Estos están establecidos en la Ley Orgánica de Discapacidades.