Ilustradores, diseñadores, correctores de estilo y autores fueron al Ministerio de Educación luego de enterarse de la suspensión del proyecto de módulos pedagógicos en el que participaban, y que iban a reemplazar a los libros de texto. Foto: Yadira Trujillo / EL COMERCIO
Hace menos de un mes, en el auditorio del Ministerio de Educación se presentó el llamado prototipo de 12 textos modulares, de 16 páginas cada uno, que iban a reemplazar a los libros, que reciben los estudiantes de planteles fiscales. El cambio de política se concretaría desde el ciclo 2019-2020, en Sierra y Amazonía.
Pero hoy, miércoles 10 de julio del 2019, se conoció una decisión comunicada ya, desde el lunes 8. Eso se lee en una circular firmada por la nueva ministra de Educación, Monserrat Creamer, que dice: “Luego de haber realizado un análisis situacional se consideró pertinente suspender el proceso de elaboración de textos pedagógicos modulares, hasta nueva orden. Por lo tanto solicito comunicar al equipo sobre esta disposición”.
En el documento también se aclara que el Ministerio de Educación honrará todos los compromisos adquiridos hasta el momento, según lo establezca la normativa vigente. Y eso es lo que se espera conversar mañana, jueves 11 de julio, desde las 08:00, con representantes de autores, ilustradores, diseñadores y correctores de los textos modulares.
Esta tarde algunos de ellos reaccionaron y acudieron hasta el edificio del Ministerio de Educación, en la Amazonas y Atahualpa, a donde llegó EL COMERCIO. Se convocaron al conocer que el proyecto se suspendía. Esto implicaría un cambio en la política puesta en marcha por Milton Luna, quien salió del ministerio la última semana de junio, casi a los siete meses de ser ubicado en el cargo. Él anunció que desde el próximo ciclo lectivo los alumnos del sistema público dejarían de trabajar con libros y usarían módulos (hojas, que les entregarían por partes).
Para ello, respondió Educación el 10 de mayo pasado a este Diario, se contrató a 260 personas, entre autores y editores; correctores de estilo, ilustradores y diagramadores. Se dijo que el personal trabajaba en el edificio del Ministerio, pero al solicitar autorización para hacerles fotografías se indicó que no era posible, que no todos estaban en ese lugar. Y no era posible contactarlos. No se podía conocer sus perfiles.
Esa nueva política en materia de textos escolares llamó la atención de académicos y también de voceros de editoriales, que meses atrás indicaron a EL COMERCIO que no podían confirmar si a un grupo de autores le sería posible cumplir con un ofrecimiento de ese tipo. También dijeron que los libros, que ellos entregaban, previa elaboración de contenidos y revisión de universidades, además traían recursos digitales. Y que implicaba un trabajo de revisión, que tomaba algún tiempo.
María Gabriela Moncayo es una de las personas que estuvo a cargo de trabajar en los módulos, en la gestión de Luna. Ayer acudió al Ministerio; contó que firmó un contrato como autora del libro de Lengua y Literatura para el segundo año del Bachillerato General Unificado. Y que entregó cuatro módulos, tres de los cuales ya fueron diagramados.
El viernes 5 de julio, Moncayo presentó la factura correspondiente al primer producto entregado. Ese mismo día, su editor le llamó para informarle de la suspensión del proyecto. “Si bien es cierto, hay una cláusula en el contrato que dice que el Ministerio puede darlo por terminado unilateralmente, hay un daño moral; no se trata de suspender un proyecto al interior de una dirección del Ministerio, se trata de que arman un equipo de personas que dejaron trabajos, por suponer que una entidad seria respaldaba un proyecto”.
Laura Cortez era evaluadora de los módulos. Aunque ella admite que estaba desempleada, asegura que algunos de sus colegas dejaron sus empleos para integrarse al proyecto del Ministerio. Cuenta que, además, su grupo ha trabajado durante un mes, y que ya entregaron productos, entre ellos la evaluación de los primeros módulos de Estudios Sociales, Ciencias Naturales y Matemática.
Pero aclara que durante la administración de Milton Luna no les convocaron a la firma del contrato. Les pidieron que esperen hasta que se concrete el cambio de ministros en la Cartera.
Autores, ilustradores, diseñadores y correctores de los módulos piden saber si les van a pagar por el trabajo realizado hasta el momento y, además, exigen una explicación oficial por parte de la Ministra. EL COMERCIO conoció que Monserrat Creamer coordinó una reunión, con delegados de la Cartera y de los integrantes de ese equipo que estuvo a cargo del material escolar. Busca una salida, por lo que mañana se desarrollará una reunión.
Además, al Gobierno le interesa garantizar la provisión de textos en el próximo ciclo, que empezará en la Sierra, como se ha hecho desde el 2010. Para ello, se conoce, ya hay un plan. En mayo pasado, el Ministerio dijo a este Diario que para septiembre los chicos tendrían dos de los 12 módulos en sus manos. Y que el resto se entregaría paulatinamente.
El vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Libros de Texto, Patricio Bustos, confirmó que conversaron con la Ministra, y que concretaron la cesión de derechos de 58 títulos para básica y de bachillerato, que se usarán en el próximo ciclo escolar, que se inicia en septiembre del 2019.
Bustos señaló que en las reuniones notó la preocupación pues los módulos “no iban a estar listos para la fecha prevista ni se podrían entregar completos”. E indicó que los contenidos que se donaron al Ministerio están listos y que los derechos editoriales no representarán una inversión. Los libros son los que las editoriales estaban distribuyendo en los últimos años, pero habrá ajustes para evitar el “adoctrinamiento”.