17 de octubre de 2020 00:00

Minería ajustó planes tras consulta de Girón; se viene nuevo plebiscito

En el centro de Girón hay una relativa tranquilidad y los habitantes se resisten a hablar del tema minero. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

En el centro de Girón hay una relativa tranquilidad y los habitantes se resisten a hablar del tema minero. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

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Lineida Castillo

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Han pasado un año y siete meses desde que los habitantes del cantón azuayo de Girón rechazaron -mediante consulta popular- las actividades mineras en esa jurisdicción. Desde entonces, la tensión disminuyó.

Los balcones ya no exhiben carteles con frases a favor o en contra de la minería. “Tras la consulta se acabaron las dispu­tas”, señaló el gironense Norberto Guzmán, el jueves pasado. En una parte de este cantón, en Cuenca y en San Fernando, está ubicado el proyecto minero Loma Larga, de la canadiense INV Metals.

El 24 de marzo del 2019 se preguntó en Girón: ¿Está usted de acuerdo en que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha? En total, 7 135 electores (86,79%) dijeron que no y 1 086 personas, que sí.

Loma Larga es uno de los dos proyectos de minería a mediana y gran escala emplazados en Azuay y que son considerados estratégicos por el Gobierno. El otro es Río Blanco, de Ecuagoldmining, que está entre las parroquias cuencanas de Molleturo y Chaucha.

Este último está paralizado desde junio del 2018, por un fallo judicial, ratificado en segunda instancia. Los jueces encontraron que la compañía violó el derecho de la consulta previa, dispuesto en el artículo 57 de la Constitución.
En cambio, para frenar la actividad en Loma Larga, un grupo de comuneros de Girón, apoyados por Pachakutik, impulsó la consulta popular.

Tras la negativa, la canadiense INV Metals continúa con la fase de exploración minera, pero replanteó el estudio de factibilidad del proyecto, con lo que reubicará la planta de aprovechamiento de los minerales y otras instalaciones en Cuenca y San Fernando.

En principio, estuvo previsto que esas obras se levanten en la parte alta de la parroquia gironense de San Gerardo. Con ese cambio, dicen los representantes de la minera buscan nuevas opciones para desarrollar el proyecto y evitar confrontamientos.

Además, siguen desarrollando proyectos de responsabilidad social con más de 70 organizaciones y emprendimientos, a través de las juntas parroquiales de Girón.

Ahora, a los representantes de INV Metals les preocupa la última resolución de la Corte Constitucional, del 18 de septiembre. Allí se autorizó una nueva consulta popular, impulsada por el Concejo Cantonal de Cuenca, para ­frenar la actividad minera en su jurisdicción.

En esta ocasión, se preguntará a los electores si están de acuerdo con la prohibición de la explotación minera, a mediana y gran escala, en las zonas de recargas hídricas de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay.

Los representantes de Loma Larga y Río Blanco insistieron que sus proyectos no afectan al ambiente porque están las zonas bajas de los humedales.

El Consejo Nacional Electoral aún no fija la fecha para esta consulta ni cómo se financiará. El Código de la Democracia establece que el Municipio debe asumir los gastos. Se estima que bordearía USD 1 millón.

Según Cristian Zamora, concejal cuencano, se dialoga con las autoridades del CNE para que la consulta se realice en las elecciones presidenciales, para evitar más gastos y solo se imprima una papeleta más.

Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería de Azuay, cuestionó que la Corte Constitucional demoró 10 días para emitir el fallo. “No ocurrió lo mismo con la consulta de Girón, que demoró años”.

Él dijo que en el último dictamen, de los 67 considerandos propuestos para la consulta, 10 fueron declarados inconstitucionales. “En los otros pedidos no existía esa distinción, simplemente se decía que no procede la consulta porque hay inconstitucionalidades”.

Él mencionó que en el caso de que exista un rechazo a la minería en esta nueva consulta, solo se podrá aplicar a futuro. “No lo dicen a la población, quienes se dicen victoriosos”.

Para los representantes de INV Metal, la resolución de la Corte Constitucional es clara en respetar los derechos previamente adquiridos en los proyectos en ejecución. Pero consideran que los resultados pueden generar conflictos e informaciones incorrectas.

Por eso Andrés Ycaza, exvicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, dijo que todos los proyectos actuales deben continuar sus diferentes fases hasta el cierre de mina. “A futuro no podrán darse nuevas concesiones”.

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, aseguró que si bien la Corte Constitucional dictaminó que los resultados de la nueva consulta se aplicarán hacia el futuro, en esta instancia se consultará otra vez sobre la explotación minera en las cuencas hídricas y los proyectos en el cantón recién están en la fase de exploración.

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