La minería informal en Esmeraldas creció ante el abandono estatal; carece el empleo y servicios básicos
Las autoridades desmantelaron el campamento minero ilegal que operaba en el sector de Los Ajos, en San Lorenzo, en donde fallecieron cinco personas. Foto: archivo particular
María Regina Izquierdo, una de los tres sobrevivientes de la tragedia que ocurrió el miércoles 18 de noviembre del 2020 en San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas, recuerda a su hermana Nahomi, de 20 años, quien está en la lista de los cinco fallecidos.
“Yo logré correr entre el agua y el lodo. Pero Nahomi se fue al suelo, por la tierra y las piedras que nos caían encima”. Así relata el deslizamiento de tierra que sorprendió a un grupo de personas que buscaba oro en una de las minas a cielo abierto de Balzar de Los Ajos, en la parroquia Urbina. Con esa, son 52 frentes mineros en el norte de Esmeraldas.
María Regina se dedicaba a “minar” oro desde hace 20 años, como lo hace la mayoría de los habitantes de esa región, porque no hay mayores opciones de trabajo en la zona.
En eso coincide Elisa Levy, coordinadora del Observatorio Minero, Social y Ambiental del Norte del Ecuador. Ella explica que la principal razón por la que las comunidades del norte de Esmeraldas pasaron de practicar minería ancestral (recolectando oro en los ríos con bateas) a la de pequeña y mediana escala (con maquinaria y mercurio) fue y sigue siendo la falta de oportunidades.
“Primero llegaron las madereras. Deforestaron y abrieron caminos. Luego llegaron los palmicultores y compraron tierras. Ellos no requieren mayor mano de obra. La gente se quedó sin trabajo y sin tierra. Y la minería quedó como la única opción”.
A ello se suma el abandono estatal, que denuncia la Iglesia Católica. El obispo de Esmeraldas, Eugenio Arellano, lamentó la tragedia y se solidarizó con las familias de las víctimas.
Mediante un comunicado, suscrito conjuntamente con la organización Cáritas y La Red Nacional Pastoral Ecológica, solicitó una investigación para determinar las causas y responsables de las muertes.
Pero también exigen la atención de las autoridades a las necesidades de los habitantes de esta zona del país.
Se refiere a compromisos que debían cumplir las instituciones públicas y gobiernos seccionales, como la dotación de sistemas de agua potable, recolección de desechos y remediación de daños ambientales causados por la actividad minera, entre otras, que afectan a 90 comunidades.
Esas medidas fueron dispuestas por el Juzgado de San Lorenzo en el 2011 y ratificadas en el 2018, cuando se ordenó además la suspensión de toda actividad minera, legal e ilegal, en los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro.
Pero esas disposiciones nunca se ejecutaron. Por ello, la Defensoría del Pueblo denunció el 10 de abril del 2019 el incumplimiento y exigió a los jueces que hicieran respetar las sentencias, en un plazo de 90 días.
Ahora, luego de la tragedia, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) de San Lorenzo solicitó una reunión de la mesa sectorial, con la presencia de autoridades gubernamentales relacionadas con el tema de la minería. El objetivo es elaborar estrategias que permitan la generación de fuentes de trabajo.
Según Gleen Arroyo, alcalde de San Lorenzo, los sectores como Los Ajos, San Javier y Urbina, son una importante zona de producción de plátano verde y otros alimentos, pero necesitan fortalecerse. La idea es que los campesinos no vuelvan a trabajar en las minas ilegales.
Sectores vinculados a la minería artesanal, como la Cooperativa de Producción Minera Río Santiago-Cayapas, de Esmeraldas, consideran que el Estado debería regularizar la actividad en esta provincia.
Según Jesús Constantino, dirigente de la organización, mientras haya minería informal, los trabajos serán antitécnicos y causarán más accidentes y daños ambientales.
Los 60 integrantes de esta agrupación, que aseguran no están trabajando, solicitan que se les permita realizar actividades mineras de una forma legal, técnica y respetando el medioambiente. Además, que posibilite tributar al Estado.
El campamento minero de Los Ajos fue desmantelado el jueves.
Mientras las autoridades buscan soluciones para esas poblaciones, ayer, 20 de noviembre, el dolor acompañaba a los familiares de las víctimas. María Regina solicita el apoyo de las autoridades para mantener a los dos hijos de su hermana, que quedaron huérfanos.
También recuerda a Segundo Caicedo, de 13 años, quien junto a otros niños jugaban y por momentos ayudaban a sus madres a buscar las pepitas doradas entre el lodo.
El niño logró salir de la mina. “Pero regresó para ayudarme. Ahora está muerto”. Así lamentaba ayer su abuela, Luz Nazareno, durante el sepelio. El pequeño fue sepultado en el panteón de Urbina. Mientras que Johana y Nahomi Izquierdo, Vanessa Vivero y Daisy Mina fueron enterradas el jueves en San Lorenzo.