26 de junio de 2018 00:00

Minería ilegal deja cuatro personas sentenciadas

La aprehensión de los vehículos que trasladan el material aurífero ha abarrotado las bodegas de la Policía, en Ibarra. Foto: Gabriel Castillo para EL COMERCIO

La aprehensión de los vehículos que trasladan el material aurífero ha abarrotado las bodegas de la Policía, en Ibarra. Foto: Gabriel Castillo para EL COMERCIO

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Washington Benalcázar
wbenalcazar@elcomercio.com

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El sueño por conseguir oro que pueda cambiar sus vidas se convirtió en una pesadilla para cuatro ciudadanos. Ellos están en prisión, se quedaron sin empleo y sus familias están solas.

Santiago V., Jorge R., Mauricio P. y Walter P. son los primeros sentenciados en Imbabura por el delito de actividad ilícita de recursos mineros, dictado por el Tribunal Penal local.

Santiago V. pertenecía al Ejército cuando fue detenido y ahora está condenado a cinco años de cárcel. Él reconoció ser el propietario de material aurífero, que transportaba en 252 bultos en un camión militar, por la vía Ibarra-San Lorenzo, en septiembre del 2017.

Los otros, acusados de ser cómplices, fueron sentenciados a 20 meses de prisión, el 18 de junio último.

La actividad minera es relativamente nueva en la Sierra norte. En Imbabura hay 35 concesiones y en Carchi 17 que han sido otorgadas por el Estado y que se encuentran en fase de exploración, explica Santiago Chamorro, subsecretario del sector de la Zona 1.

Pero a la par de la minería legal llegaron mineros informales. La mayoría de estos últimos se concentraron en la parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí.

La noticia sobre el descubrimiento de una veta, a mediados del año anterior, llegó a los oídos de los mineros. Siempre es así. Se escucha de una nueva mina y todos vamos para allá, comenta Segundo Castro, nativo de Zaruma (El Oro). Estos aventureros aseguran que pueden ‘oler’ el metal.

La dinámica del pueblo cambió rápidamente. Buenos Aires, que tenía 1 500 habitantes dedicados a la agricultura, duplicó la población con gente que llegó de Esmeraldas, Azuay, Pichincha, Loja, señala Manuel Tirira, presidente de la Junta Parroquial.

La presencia de los recién llegados dividió a los vecinos. Algunos como Leydi Obando, propietaria del comedor Rincón Bonarense, está satisfecha con la oleada de gente. Sin embargo, otros ciudadanos exigen la salida de los mineros, ya que aseguran que la ‘mina de oro’ solo ha traído problemas, como el fallecimiento de un adolescente, de 15 años, que sucedió la semana anterior. Nelson V. fue encontrado muerto con heridas de un arma cortopunzante.

No se sabe qué ocurrió y se investiga el caso, pero antes del descubrimiento de la mina no había asesinatos en el pueblo, asegura Tirira.

La mayoría de delitos mineros que se registran en la provincia está relacionada con la extracción en Buenos Aires. Entre enero del año anterior y el 12 de junio se abrieron 72 causas judiciales y se ha procesado a 270 personas.

El caso del militar y tres personas más es representativo, comenta Gen Rhea, que hasta el último viernes se desempeñaba como fiscal provincial, porque es la primera sentencia relacionada con el tema minero que se ejecuta con un procedimiento ordinario.

Todas las causas están relacionadas con el transporte de los minerales, por no contar con los permisos que otorgan las autoridades de minería.

El Código Orgánico Integral Penal también sanciona la exploración, explotación, aprovechamiento, transformación, comercialización o almacenamiento de los recursos sin los permisos de las autoridades.

Según las investigaciones, el material proviene de El Triunfo, una zona montañosa de Buenos Aires. Ahí, cientos de comerciantes y buscadores de oro se instalaron en improvisadas casetas de plástico, para extraer y comercializar el material aurífero en bultos.

Cada uno se ofrece entre USD 5 y 20 en la zona, dependiendo del color. Si es más rojo se considera que tiene mayor cantidad de partículas de oro.
Muchos compran el material y esperan llevarlo a Zaruma, en El Oro, en donde hay moliendas autorizadas. Es por ello que la fuerza pública se concentra en la vigilancia de las vías de Buenos Aires.

Esa estrategia ha permitido confiscar 320 toneladas de material minero, que eran movilizadas en camionetas, camiones y, hasta, en dos tráileres.

Los bultos de roca y los vehículos confiscados están abarrotados en las bodegas de la Policía Judicial, el parqueadero del Comando de Policía de Imbabura y el Patio de Retención Vehicular, situados en Ibarra. En este último hay incluso rocas y arena de color rojizo esparcidas en el suelo y cubiertas con plástico, en un espacio similar a una cancha de vóley. El resto del material minero sigue en los baldes de 55 automotores.

Hay preocupación porque cada semana ingresa más material, que sirve de prueba en los procesos de flagrancia.

El domingo último se ejecutó una nueva captura. Un camión fue aprehendido mientras movilizaba este tipo de rocas por carreteras secundarias de Imbabura. El vehículo, cuyas placas corresponden a Chimborazo, quedó bajo custodia de la Policía.

Chamorro explica que se busca un nuevo lugar de acopio. Considera que la mayor cantidad debería ser procesada con el objetivo que el oro ingrese a las arcas del Estado.

El caso de Buenos Aires está en manos de la Comisión para el Control y Erradicación de la Minería Ilegal, que alista un plan para este sector, asegura el Subsecretario de Minería.

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