8 de septiembre de 2019 00:00

Minería ilegal, grupos armados y migración afectan a la frontera

Militares de la Cuarta División del Ejército están a cargo de la seguridad en la frontera, en conjunto con más unidades. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Militares de la Cuarta División del Ejército están a cargo de la seguridad en la frontera, en conjunto con más unidades. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad

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En el puerto de San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas, los militares revisan las embarcaciones que proceden de la localidad colombiana de Putumayo. En el muelle se encuentra personal de Migración resguardado por efectivos de la Marina y de la Policía. Ahí se revisan los pasaportes y la visa humanitaria exigida por Ecuador para migrantes venezolanos, desde el 26 de agosto.

En Carchi, otra provincia fronteriza, los patrullajes de la Policía se concentran en los pasos irregulares conocidos como trochas. Los venezolanos que no logran ingresar a Ecuador por Rumichaca eligen esas rutas clandestinas.

Caminan durante cinco horas por colinas y senderos pedregosos; y se enfrentan a diversos peligros. Un migrante de 58 años murió el sábado 31 de agosto, luego de cruzar un río en el sector Los Comuneros, cerca de Tulcán. El cuerpo fue recuperado por la Policía y llevado a la morgue. Fernando Vaca, jefe de la Policía en Carchi, dijo que el extranjero murió de un paro cardíaco cuando ingresó a un río torrentoso.

Solo en Carchi existen 120 pasos ilegales. Por eso, policías y militares han reforzado la seguridad en 26 de ellos, en donde se ha registrado un aumento de migrantes irregulares. Vaca aclaró que no se puede detener a los extranjeros simplemente por no tener papeles, pues respetan la Constitución y los tratados internacionales.

Además de la alta migración, el comandante del Ejército, Javier Pérez, señaló que los 6 000 militares que patrullan la frontera han combatido otros ilícitos que se han agudizado en los últimos dos años. Entre ellos, “episodios de minería ilegal y el atentado terrorista en el cantón San Lorenzo”. Los ataques causaron la muerte de cuatro infantes de Marina y el desplazamiento de ecuatorianos por la violencia.

Sus declaraciones se dieron en una ceremonia militar el pasado jueves, en la que el general Gustavo Acosta asumió el mando de la Cuarta División del Ejército, entidad que está a cargo de la seguridad en toda la frontera norte.

Pese a que el estado de excepción para la parroquia de Buenos Aires, en Imbabura, terminó el domingo pasado, aún hay control permanente de la Policía. La idea es evitar que regresen los mineros ilegales y los grupos armados que operaban en esa zona. La Policía Nacional desalojó de ese sitio a cerca de 6 000 personas que extraían oro. También fueron detenidas 26 personas.

Según el Ministerio de Gobierno, en el país existen 16 provincias con potencial minero y, por lo tanto, el mismo número de posibilidades de que se produzcan asentamientos para la explotación ilegal de minerales. A raíz de los hechos en Buenos Aires, la Policía reforzó la unidad especializada para combatir la minería ilegal y dotó de más agentes, quienes hacen investigación encubierta e inteligencia.

Los agentes investigan el posible financiamiento de grupos armados irregulares que operan en la frontera colombo-ecuatoriana, a través de la actividad minera ilegal. Las pistas que siguen, por ejemplo, es el asesinato del abogado Llerena, en Guayaquil. Una de las personas detenidas por el crimen fue parte de la seguridad en las minas de Buenos Aires. Otra pista: se han encontrado vehícu­los cargados con oro en dirección hacia Colombia.

El tránsito terrestre a Colombia está bajo control constante. La semana pasada se confiscaron dos camionetas con 4 500 balas, que tenían como destino San Lorenzo, en Esmeraldas. La Policía cree que una vez en el sector, se buscaría cruzar la frontera y entregar las municiones a grupos armados ilegales, que operan en el sector.

La frontera no ha dejado de ser una preocupación para el Gobierno desde que se dio el atentado al cuartel de Policía en San Lorenzo, en enero de 2018. Ahora, con el anuncio de una parte de la cúpula de las FARC de volver a las armas, las autoridades dicen estar mejor preparadas y alertas.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, se refirió al posible incremento de actividades delictivas en la frontera, tras el retorno a las armas. En la ceremonia del jueves pasado señaló que “no hay ningún temor” por el incremento de actividades delictivas en “cualquier sitio de la frontera”.

Ese mismo día detalló que existe un proceso de adquisición de armamento para reforzar las operaciones. 12 lanchas servirán para el control sobre los ríos Putumayo y San Miguel y se espera que ya estén operativas en noviembre. Jarrín dijo que también se reforzarán los relevos y traslados de los refuerzos a la frontera. Por eso hay el interés de incorporar más aviones para la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

A finales de este mes se prevé la incorporación de cinco lanchas guardacostas donadas por China para el control marítimo de actividades ilícitas. A eso se suma la compra de equipamiento para ciberseguridad, y también de cascos, chalecos, municiones y armas para los soldados.

Hasta finales de este año se prevé invertir más de USD 100 millones en equipamiento militar y de Inteligencia.

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