El acceso terrestre al campamento de la Compañía Minera Afrodita solo es posible desde Ecuador. Foto: Cortesía Compañía Minera Afrodita
Las denuncias del Gobierno de Perú vienen desde hace más de cuatro años. Familias ecuatorianas estarían vinculadas a la minería ilegal en la parte alta del cantón Paquisha, provincia de Zamora Chinchipe, en la frontera entre Ecuador y el vecino país.
El tema preocupa al Gobierno ecuatoriano y, por eso, el Gabinete de Seguridad esperaba reunirse el jueves pasado en Zamora. Pero el mal tiempo impidió el vuelo y el arribo de los ministros y subsecretarios de Defensa y de Seguridad; y la cita se postergó.
En esta reunión estaba previsto conocer y establecer acciones sobre la supuesta intervención de mineros ecuatorianos en la mina aurífera Comaina 1, a cargo de la Compañía Minera Afrodita, en Perú.
Esta concesión se encuentra en la parte alta de la provincia peruana de Condorcanchi, en plena frontera con Ecuador. Pero el acceso desde el país vecino a este sitio es complejo. El traslado desde Lima, capital de Perú, hasta la mina, toma ocho días. El viaje incluye desplazamientos en avión, transporte terrestre, fluvial y caminata.
El ingreso desde el lado ecuatoriano es más fácil y corto. La vía en pendiente –en medio de la vegetación- llega hasta el límite fronterizo y desde allí se ingresa en vehículos 4×4 hasta la bocamina de Comaina 1. En ese corto trayecto hay casas de los indígenas awajún, según información recopilada por este Diario.
Por este acceso personas que se dedican a la minería ilegal ingresan explosivos, combustible, armas y extraen parte del material aurífero (oro) de Comaina 1, según denuncias ciudadanas recibidas en la Agencia de Regulación y Control Minero de Zamora (Arcom).
Se estima que logran llenar entre cuatro y seis volquetas con material mineralizado cada semana. En total, esto representa entre 50 y 60 toneladas, que en el mercado cuestan aproximadamente USD 140 000, precisó la compañía Afrodita, que salió de este territorio en 2017, por la invasión de los mineros ilegales.
En la zona no hay controles fijos y el único puesto militar está en el sector de La Herradura, distante de Chinapintza, una localidad de Zamora próxima a la frontera con Perú. Y el puesto policial más cercano es una UPC en Paquisha.
Para las familias es importante reforzar estos puestos con el objetivo de controlar las guías de remisión de los productos que se transportan.
Según la coordinadora de la Arcom, Yadira Armijos, si bien este tema no llega a los niveles de la minería ilegal que se registran en Buenos Aires, en Imbabura, a los habitantes les preocupa que el tema desencadene en inseguridad o violencia. Por ejemplo, ella conoció que hace varias semanas la Policía decomisó armas. La Arcom realizó operativos en Chinapintza y no halló material almacenado, pero sí a mineros trabajando sin permisos, al igual que en las localidades de La Pangui y Conguime. Entre estos sectores habría más de 40 mineros ilegales.
Los mineros ilegales arman sitios improvisados cerca de la bocamina de Comaina 1. Foto: Cortesía Compañía Minera Afrodita
Para frenar esta actividad, la firma peruana Afrodita ha recurrido a las autoridades de Ecuador y Perú. Así, luego de remitir cartas sobre la situación, en agosto del año pasado se concretó una visita de varios representantes del Gobierno de Ecuador. Una comitiva de Perú estuvo en el área en diciembre pasado. Entonces, según Afrodita, se constató la existencia de un paso irregular por donde los mineros ilegales transportan el mineral hacia plantas de procesamiento.
Por esta razón, esta compañía minera ha solicitado a las autoridades de ambos países mayor presencia en este punto. Además, se ha pedido el cierre temporal de esta vía, que sirve de acceso a la mina, hasta que se implementen controles.
También se plantea regularizar a los pequeños mineros interesados en ejercer formalmente esta actividad.
En Perú, la Ley Minera permite a los concesionarios entregar derechos artesanales especiales a pequeños mineros, pero en esta zona no todos tienen estos permisos. La firma expuso esta situación a la Arcom y, por eso, se cumplieron operativos con la Fiscalía y el Ministerio del Ambiente.
Varias bocaminas que no contaban con los permisos respectivos se clausuraron como parte de esos operativos, dijo Armijos. Este Diario conoció que en el caso de la mina de Afrodita, por ser un tema binacional, tendrá un tratamiento especial y cualquier decisión vendrá desde el Ministerio del Interior. Esta entidad dijo que esta información se conocerá la próxima semana.