29 de mayo de 2019 00:00

Otro pedido de consulta minera en la Corte Constitucional

Ayer sesionaron los jueces de la Corte Constitucional. El 5 de junio se realizará la audiencia pública sobre minería. Foto: Cortesía / Corte Constitucional

Ayer sesionaron los jueces de la Corte Constitucional. El 5 de junio se realizará la audiencia pública sobre minería. Foto: Cortesía / Corte Constitucional

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Andrés García

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El lunes 27 de mayo del 2019, la Corte Constitucional (CC) avocó conocimiento sobre una nueva solicitud de dictamen previo, relacionada con la explotación minera.

Un grupo de comuneros -pertenecientes a las parroquias Jijón y Caamaño, Goaltal (Carchi), Carolina y Lita (Imbabura)- piden que la CC emita su dictamen de constitucionalidad para tramitar una consulta popular sobre las actividades mineras en esas localidades del norte del país.

En esa zona se desarrollará el proyecto minero Cascabel, cuyas reservas se calculan en 10,9 millones de toneladas de cobre y 23,3 millones de onzas de oro.

Según el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, empresas de Australia y de Canada han invertido en el proyecto unos USD 95 millones entre el 2012 e inicios del 2019.

Los comuneros piden que la CC se pronuncie sobre la siguiente pregunta: “¿Está usted de acuerdo con la explotación minera en los territorios de las comunidades asentadas en las parroquias de Lita, Carolina, Jijón y Caamaño y Goaltal?”.

El juez constitucional Agustín Grijalva convocó para el 5 de junio a la audiencia pública para tratar el pedido. Ese día deberán comparecer los solicitantes, representantes del Ministerio de Energía, así como los alcaldes de Mira, Espejo e Ibarra. También fueron convocados personeros de la Procuraduría General del Estado.

El Gobierno Nacional espera lograr inversiones por USD 3 800 millones en el sector minero, hasta el 2021. Así lo aseguró el presidente de la República, Lenín Moreno, al iniciar su tercer año de mandato.

El Jefe de Estado señaló que actualmente hay una inversión captada de USD 2 000 millones e hizo referencia a las voces que piden revisar las concesiones mineras y revertirlas.

Moreno hizo un pedido “muy respetuoso” a los jueces de la Corte Constitucional. “Si se autoriza cualquier mecanismo que implique un incumplimiento que, tarde o temprano, nos obligue a pagar una indemnización, le pido que también invite al pueblo a decidir de dónde saldrán esos recursos y cuáles serán las fuentes de financiamiento, que reemplazarían los ingresos a los que debamos renunciar”.

Enrique Herrería, magistrado de la Corte Constitucional, evitó pronunciarse sobre el pedido, pues dijo que en el futuro podría ser sorteado para sustanciar una causa relacionada a la minería.

Yaku Pérez, prefecto del Azuay, cree que el Presidente no debería “amenazar” a la Corte, sino garantizar la independencia de las Funciones del Estado. El ahora Prefecto fue uno de los activistas que impulsó la consulta popular en Quimsacocha, Azuay, efectuada el 24 de marzo pasado.

Agregó que quienes deberían pagar posibles indemnizaciones son los “malos funcionarios del correísmo, a través del mecanismo de repetición”.
Pérez confirmó que propondrá en el Consejo Provincial tramitar una consulta popular en todo Azuay, para que los ciudadanos decidan si quieren o no minería metálica cerca de las fuentes hídricas.

Santiago Yépez, titular de la Cámara de Minería del Ecuador, califica al pedido presidencial a la CC como positivo. Sostiene que se nota un “alto interés en llevar a cabo explotación minera responsable con el medioambiente y con el agua”. El dirigente gremial considera que la Corte Constitucional debería determinar si es o no factible realizar consultas populares locales sobre temas de interés nacional.

Una de las siete mesas del llamado Acuerdo Nacional es sobre sostenibilidad y cambio climático. Juan Sebastián Roldán, secretario Particular de la Presidencia, dijo en declaraciones a la prensa que el Gobierno debe garantizar que no se produzca contaminación en las concesiones. Marcelo Mata, ministro del Ambiente, invitó ayer a grupos ecologistas a sumarse al diálogo.

Ismael Quintana, experto en derecho constitucional, indicó que el caso Quimsacocha dejó un precedente que podría traer consecuencias al país a largo plazo.

Considera que el mensaje del Ejecutivo va acorde a su proyecto de atraer inversiones, y que para ello se necesita seguridad jurídica. “No se puede pasar por alto un contrato suscrito. La competencia de sectores estratégicos es exclusiva del Estado central, no de gobiernos seccionales”.

El analista político José Luis Fuentes cree que con el mensaje enviado por Moreno a los magistrados constitucionales, en el futuro se podrían coartar derechos de participación vigentes en la Constitución.

Las decisiones políticas sobre la explotación minera en el país

24/03/2019
El 86,79% de los pobladores de Girón, en Azuay, se pronunció en contra de que se realicen actividades mineras en las fuentes hídricas de Quimsacocha.

24/04/2019
A través del Decreto Ejecutivo 722, se dispuso que el Ministerio de Energía actualice y defina la nueva política minera del Estado, así como sus lineamientos.

21/05/2019
El ministro de Energía, Carlos Pérez, indicó que INV Metales, empresa a cargo del proyecto Loma Larga en Quimsacocha, pruposo trasladar sus operaciones a otro sector.

24/05/2019
El presidente Lenín Moreno anunció que en agosto se entregará el mapa minero, que permitirá diferenciar las zonas en las que sí se podrá realizar la actividad extractiva.

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