Los dirigentes de los militares retirados exigirán al Gobierno que cumpla con su “obligación constitucional” de atender con los recursos económicos al Issfa. Foto: Eduardo Terán
Los dirigentes y representantes de los militares en servicio pasivo resolvieron la noche de este jueves 5 de mayo del 2016 que ayudarán a los damnificados del terremoto que azotó la costa norte del país.
Lo acordaron durante la reunión que mantuvieron, por más de tres horas, en el séptimo piso del edificio de Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), en el norte de Quito.”Expresar nuestra solidaridad a los compatriotas afectados (…), aportando con el valor de un día de las pensiones, para lo cual se conformará una comisión que determine el tipo de ayuda y la canalice”, se indica en la resolución de los exuniformados.
El coronel (SP) Bolívar Silva, representante de los militares retirados y vocal en el Consejo Directivo del ISSFA, manifestó que la ayuda no será obligatoria, sino voluntaria y dependerá de la decisión de cada uniformado. Quienes deseen colaborar con los damnificados deberán llenar un formulario con sus datos.
En la cita también se analizó el examen especial que la Contraloría General del Estado hizo al contrato de la venta de 66 lotes del parque Samanes en Guayaquil por parte del Instituto al Ministerio de Ambiente. Esto debido a que la Procuraduría detectó un pago de USD 41 millones en exceso por los terrenos.
En una de las recomendaciones de ese documento se indica que tanto el Ministro de Ambiente como el Director General y los Miembros del Consejo Directivo del Issfa “ejercerán las acciones necesarias para recuperar y devolver, respectivamente, los valores pagados en exceso”. Durante el encuentro, los exuniformados indicaron que esa recomendación es ambigua y solicitaron:
Se reforme esa recomendación en lo relacionado a quienes deben implementar la misma, “en el sentido de que no corresponde a los miembros del Consejo Directivo del Issfa ya que no es de su competencia ejecutar las acciones necesarias para recuperar y devolver los valores señalados por Contraloría”. La razón: esa atribución es de responsabilidad del director general del Issfa, tal como lo establece la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
Los militares en servicio pasivo también solicitarán a la Contraloría que se determine el mecanismo jurídico para implementar la recomendación, ya que los valores egresados por concepto de compraventa de los terrenos del Issfa y el Ministerio de Ambiente son patrimonio del Instituto.
Por otro lado, los dirigentes de los militares retirados exigirán al Gobierno que cumpla con su “obligación constitucional” de atender con los recursos económicos al Issfa que por ley corresponde, “a fin de cumplir con las prestaciones a sus afiliados”.