El Comandante Roque Moreira, durante una rueda de prensa este miércoles 17 de octubre del 2018, se refiere al tema de los allanamientos y de la detención de militares por tráfico de armas. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
El plan parecía infalible. Un ingeniero en sistemas del Ejército, de 51 años, era el encargado de manipular el Sistema de Inventarios Logístico de esa entidad. Su tarea era adulterar registros de armas y municiones.
Así lo señalan investigadores de la Policía y la Fiscalía. De esta forma, agregan, una parte del arsenal que adquiría la Fuerza Terrestre desaparecía de su sistema y con ayuda de otros militares se lo sacaba de las bodegas o rastrillos.
El siguiente paso consistía en mover el armamento desde los rastrillos hasta la población fronteriza de Borbón, en Esmeraldas, en donde se lo almacenaba. Una mujer de 28 años, identificada como líder de la organización, se encargaba de entregar el material al grupo armado Óliver Sinisterra, presunto responsable de los secuestros y asesinatos del equipo periodístico de este Diario, de una pareja de ecuatorianos, la muerte de cuatro militares y otros atentados.
La fiscal de Guayaquil, María Coloma, dijo a EL COMERCIO que esta banda está relacionada con narcotráfico y muertes en la frontera norte.
En esas operaciones ilícitas participaban civiles y militares activos y pasivos. Ellos debían enviar el material bélico a través de encomiendas, en buses interprovinciales y en vehículos particulares hasta la frontera. La idea era evitar los controles de armas en carreteras.
“Desde Quito les vendían munición. El ingeniero tenía un sistema donde primero registraba todos los bienes, armas y municiones. Después, él modificaba las cantidades que había en las bodegas. Les avisaba a los rastrilleros con los que trabajaba y así ellos ya podían sacar el armamento y lo vendían a unas personas que eran de Borbón y Esmeraldas”, indicó un agente de Inteligencia.
Ayer miércoles 17 de octubre, la supuesta organización fue capturada. Siete militares y siete civiles, entre estos el ingeniero en sistemas, fueron detenidos en la denominada operación Camaleón.
Desde las 03:00 se allanaron, de forma simultánea, viviendas y dependencias militares en Guayas, Esmeraldas, Loja, Santo Domingo y Pichincha.
Según agentes a cargo del caso, las balas y cartuchos se escondían entre víveres, papel higiénico y en sacos de arroz.
Así lo detectó la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) de la Policía el pasado 9 de octubre, cuando se realizó un primer operativo.
Esta incursión se realizó en la salida de Quinindé, en Esmeraldas. Un taxi fue interceptado y en su interior se halló el arroz con 2 500 municiones, calibre 9 mm, que se usan para armas cortas como revólveres o pistolas.
El 9 de agosto hubo otro operativo en Borbón, donde se detectó munición del Ejército almacenada en una bodega, donde se vendían desde víveres hasta hamacas. Las balas eran calibre 5,56, que se emplea, por ejemplo, en fusiles HK.
Los investigadores creen que esta estructura delictiva habría operado desde el 2016.
Pero las pesquisas se iniciaron a partir de los atentados en la frontera norte. Otra pista de esta presunta red la dio un desmovilizado del Frente Óliver Sinisterra, que en mayo pasado habló en la Fiscalía.
El hombre declaró que las armas del grupo disidente de las FARC “se compran a la Policía del Ecuador, quienes son los intermediarios de comprar el armamento en el paso del Perú y se las entregan en la vereda de Puerto Rico y El Pan”.
Hasta el momento, los únicos uniformados detenidos son militares en grados de cabos del Ejército y un sargento.
En Guayaquil se los arrestó en el Frente Militar Huancavilca y en la Base de Taura.
Otro uniformado fue detenido en Sangolquí-Pichincha. Mientras que en Loja, una aprehensión se realizó en Fuerte Militar Miguel Iturralde. Estas personas fueron llevadas en helicópteros y avionetas a Esmeraldas, en donde la noche de ayer la Fiscalía tenía previsto formular cargos.
Además, en Esmeraldas hubo otro militar detenido, quien trabaja en el Batallón de Infantería de Marina.
Tras hacerse pública la noticia, Roque Moreira, comandante del Ejército, realizó una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas.
Dijo que ‘lamenta sobremanera” que los militares fueran relacionados con actos ilícitos.
Sin embargo, este no ha sido el único caso de uniformados vinculados a actos irregulares en este año.
“Este hecho atenta contra los valores de la honestidad, propios, tradicionales del Ejército y de las Fuerzas Armadas”.
También agregó que el Ejercicio brindará apoyo para que la Fiscalía y la Policía sigan investigando. Según Moreira, “oportunamente” la Fuerza Terrestre proporcionó información a las “entidades correspondientes sobre indicios de posible involucramiento de miembros de la institución”.
Los agentes a cargo del caso indicaron que las investigaciones se realizaron con base en seguimientos y datos que proporcionaron informantes.
En Quito, los agentes de la UIAD, el departamento de Criminalística de la Policía y Fiscalía allanaron la casa del ingeniero en sistemas, ubicada en el norte de la capital.
También se revisó su computadora en la Comandancia del Ejército, ubicada dentro del complejo militar de La Recoleta. Hasta la noche de ayer, las pericias en la computadora continuaban.
