Equipo periodístico fue visto por militares a las 09:30 del lunes 26 de marzo del 2018
La noche del viernes 30 de marzo del 2018, decenas de personas se juntaron por cuarta vez frente al Palacio de Carondelet, en el centro de Quito, para realizar una vigilia por los tres colaboradores. Foto: EL COMERCIO.
Lunes 26 de marzo del 2018. 09:30. Ese fue el momento en que el periodista, el fotógrafo y el conductor de este Diario entraron a Mataje, la población fronteriza de Esmeraldas afectada por los ataques de grupos ilegales. Poco antes, se habían comunicado con la Redacción de este Diario para coordinar su trabajo. Ahora llevan seis días secuestrados.
El grupo partió desde Quito el día anterior. “Ya estamos viajando, chao”, dijeron en un mensaje de texto enviado a las 13:35. El objetivo era llegar a la zona fronteriza para seguir contando lo que ahí sucede.
Es un trabajo que los reporteros de EL COMERCIO realizan desde el 27 de enero, cuando un coche bomba explotó en el cuartel policial del San Lorenzo. Antes ya habían reportado los problemas en esa zona, como en su momento lo hicieron en Sucumbíos.
A partir de la explosión, periodistas y editores coordinaron las coberturas relacionadas con los ataques en El Pan, Alto Tambo, Borbón; la muerte de los marinos en Mataje, entre otros temas. El trabajo se hizo consultando a los encargados de la seguridad en la zona, como ocurrió también para ingresar el lunes 26 a Mataje.
De hecho, los tres se internaron en esa población luego de ser revisados y registrados por los militares, cuyo último punto de control está a 1,5 kilómetros de distancia del pueblo.
Los periodistas fueron a recopilar información, así como días antes lo habían hecho en la zona costera de Esmeraldas y del norte de Manabí. Los equipos recorrieron desde San Lorenzo hasta Pedernales y documentaron la actividad ilegal. Esos trabajos están publicados en las ediciones de enero, febrero, marzo y este mes.
El ingreso a Mataje era parte de un trabajo basado en el relevo de equipos. Pero la tarde de ese lunes, los intentos de comunicación fueron nulos. Alrededor de las 19:30, personal de Inteligencia se contactó con este Diario, para informar sobre un posible secuestro.
El Gobierno organizó un Comité de Crisis que se reunió a las 22:30 en las instalaciones del ECU- 911, que opera en el sector del Itchimbía (Quito).
Asistieron dos directivos del medio y familiares de los colaboradores para reunirse con altos funcionarios del Estado.
Ratificación del secuestro
Pasadas la 01:00 del martes 27, se emitió el primer comunicado oficial en el cual se señalaba que el Gobierno había adoptado todos los protocolos de seguridad y de investigación para precautelar la integridad del equipo de este Diario. Además se decía que el grupo presuntamente estaba secuestrado y que ya se habían reunido con familiares.
Horas más tarde, la noticia se amplificaba a nivel nacional e internacional. Y poco antes del mediodía, el Gobierno confirmó que era un secuestro.
Ese anuncio lo hizo el ministro del Interior, César Navas, quien se presentó acompañado por el ministro de Defensa, Patricio Zambrano; y los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Las autoridades indicaron que para entonces ya se habían mantenido acercamientos con los captores y que el grupo se hallaban bien de salud.
En la noche comenzaron las vigilias. Periodistas de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Latacunga, Ambato y otras ciudades salieron a las calles.
El hashtag #NosFaltan3 se viralizaba en las redes sociales. Con esa etiqueta, decenas de personas han publicado mensajes en los que piden la liberación inmediata de los tres.
La redacción de EL COMERCIO recibió cartas de apoyo de organizaciones internacionales de periodismo, de autoridades, de delegaciones diplomáticas y de gremios sociales y empresariales.
El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) se pronunció el jueves 29.
En la misiva, su titular, Danilo Sylva Pazmiño, dice que “la labor del equipo de trabajo en Mataje viabilizaba el derecho que tenemos los ciudadanos a ser informados sobre los acontecimientos que afectan a nuestra sociedad. Por lo tanto, repudiamos todo acto que afecte la integridad de quienes participan en la labor periodística y reiteramos el respaldo incondicional al ejercicio de la libertad de expresión, libre de cualquier tipo de violencia”.
La Embajada de Estados Unidos aseguró, apenas se supo del secuestro, que apoyan al Gobierno en sus esfuerzos para devolver a las personas secuestradas hacia sus familias y por restaurar la seguridad en la frontera norte, afectada por los disidentes de la extinta guerrilla de las FARC.
Realizaban su trabajo
El martes 27 de marzo, 200 periodistas decidieron firmar un pronunciamiento en el que repudiaron la violencia.
El número de firmas aumentó y el miércoles 28 en la Embajada de Colombia se entregó un documento suscrito por 386 comunicadores del país, quienes dijeron que los periodistas solo cumplían con su trabajo de informar, que debe ser garantizado por el Estado.
Igual pronunciamiento emitieron los representantes de la Aedep, que llegaron a la redacción de este Diario. “Los periodistas estamos obligados a tratar los problemas de la gente de la frontera; el rol de los comunicadores es con la ciudadanía y de la sociedad”, dijo el director ejecutivo de esta Asociación, Francisco Rocha.
Ese miércoles 28 de marzo del 2018, desde Colombia se informó que los colaboradores de este Diario fueron secuestrados por alias ‘Guacho’, el disidente de las FARC, que es señalado por los ataques en San Lorenzo.
Para entonces, el presidente Lenín Moreno ya había mostrado lo que sucedía en la frontera norte y dijo que en esa zona hubo permisividad extrema. Y que eso ha facilitado estas “acciones alejadas de toda moral”. Agregó: “El momento que uno permite todo a estos guerrilleros y narcotraficantes, prácticamente se está dando la posibilidad de que hagan también lo que les dé la gana”.
En la noche, medios colombianos informaban que el equipo había sido liberado.
El Tiempo de Bogotá indicó que la noticia fue confirmada por militares de esa nación.
Pero las autoridades ecuatorianas no corroboraron la información.
A primera hora del siguiente día, el ministro Navas aseguró que la publicación fue una irresponsabilidad. “Por eso hemos pedido que acudan siempre a las versiones oficiales”.
Después, el funcionario entró a una reunión con los familiares del personal secuestrado, quienes al salir dijeron haber recibido noticias que los tranquilizan.
El apoyo a los familiares
Tras salir del ECU-911 hubo muestras de apoyo para los familiares. Igual ocurrió cuando poco más tarde arribaron a EL COMERCIO. Personal del Diario dio muestras de solidaridad con los padres, hermanos, primos del grupo plagiado por los irregulares.
Casi a la misma hora se conocía oficialmente el Decreto Ejecutivo que prolongaba el estado de excepción para San Lorenzo y para Eloy Alfaro, dos cantones de Esmeraldas afectados por la violencia.
Además se instaló el Comité Nacional de Seguridad Integral, para atender las fronteras. Sus integrantes (cuatro ministerios, tres Secretarías, de Aduanas y el delegado del Presidente) delinearán las tareas la próxima semana.
Ahora, los familiares únicamente piden que les devuelvan a salvo a sus seres queridos. El Gobierno sigue negociando su liberación. En la tarde de este sábado, se convocó a una nueva reunión del Comité de Crisis en el ECU-911 del Itchimbía.
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