El subteniente Sixto Patajalo, del Cuerpo de Ingenieros, está a cargo del derrocamiento de 20 estructuras. Foto: Antonio Salazar / EL COMERCIO
Cada funda plástica tiene inscrito un código. Adentro hay pedazos de concreto y de metal, que hace menos de un mes formaban las columnas de casas, colegios y edificios de Pedernales.
Ahora, todo lo que queda de las primeras 40 edificaciones derrocadas hasta ayer cabe en una caja de cartón. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército recolecta estas piezas para luego llevarlas a Quito e iniciar un estudio de los materiales utilizados durante la construcción.
En Pedernales existen 1 159 edificaciones que han sufrido daños de diferente grado. Al menos 1 000 de estas no tendrán otro remedio que ser convertidas en escombros, aseguró ayer el ministro del Interior José Serrano, durante el minuto cívico, en el malecón.
También dijo que la cifra oficial de muertos es de 177 personas y entre 1 000 y 2 000 personas que perdieron sus casas ahora viven en los cinco albergues.
La recolección de muestras que realiza el Ejército empieza desde antes de que la estructura sea derrocada. Y no es aparte de la investigación que anunció la Fiscalía.
Galo Chiriboga, titular de la entidad, explicó que abriría una investigación para establecer posibles responsabilidades penales en la concesión de permisos para la construcción de los inmuebles que cayeron tras el terremoto.
El presidente Rafael Correa fue quien le solicitó, el pasado 25 de abril, buscar a los supuestos responsables. “Cientos de vidas se han perdido por construcciones de pésima calidad. Ni siquiera se cumplieron las normas de construcción anteriores, mucho menos exigentes que las actuales”, escribió en su cuenta de Twitter.
Para Manuel Querembas, a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército en Pedernales, el objetivo de los militares no tiene que ver con lo penal. Resume: “aportar al área de la construcción del país desde un trabajo de campo y académico”, dice. Pero aclara que “si la Fiscalía nos solicita las muestras o nuestros resultados, estaremos prestos a colaborar”.
El problema es que las muestras de los militares no ingresan a una cadena de custodia ni a un sistema de preservación, como exige el Código Integral Penal para que una evidencia tenga validez en un futuro proceso penal o un juicio. Tampoco son tomadas por fiscales. De hecho, los peritos que colaboran con la Fiscalía en esta ciudad confirmaron a EL COMERCIO que no han recibido la tarea de recoger evidencias. Su labor es monitorear los derrocamientos y aplicar un protocolo de recolección de restos humanos, si es que se encontrara alguna víctima. Hasta ayer no ha sido encontrada ninguna persona en la fase de derrocamientos, detalló el Edwin Ruiz, jefe de la Dinased.
Para recoger una muestra, los militares primero llenan una Guía Técnica para Edificaciones después de un Sismo, que es un protocolo elaborado en el 2009 en Colombia. Allí, el manual señala que antes de iniciar el derrocamiento se debe establecer el grado de afectación y las zonas o áreas de la vivienda donde se iniciaron las fracturas. Otros aspectos también se inscriben en las hojas de ruta.
Por ejemplo, hacia qué lado colapsaron o qué estructuras sí soportaron la fuerza de un terremoto, la dirección del inmueble, los años de construcción, etc. Se debe anotar además el estado de las columnas, el techo, de las gradas o de los marcos de las puertas.
En la ciudad hay edificios de cinco pisos donde se cayeron todas las columnas y las losas estaban intactas. Otras, como el edificio del padre de Rafael Barreño, tuvieron un colapso del primer piso y el resto de la estructura permaneció en pie. Él estaba con su hijo y su familia en el primer piso cuando sucedió el terremoto. Logró salir, pero cinco inquilinos quedaron adentro, en los pisos superiores. “Si bajaban quedaban aplastados, por suerte permanecieron arriba y luego de que pasó todo lograron salir ilesos”, dijo Rafael mientras observaba cómo tres retroexcavadoras golpeaban con las palas mecánicas las losas de cemento.
Otro edificio de cuatro pisos fue también ayer derrocado en el centro de Pedernales. Allí funcionaba una farmacia, locales comerciales y departamentos de arriendo. Al frente de este había una casa de dos pisos que fue derrocada por la mañana.
Quien estuvo al frente de este trabajo fue Sixto Patajalo, subteniente del Cuerpo de Ingenieros, quien usa un casco blanco para protegerse de posibles pedazos de concreto que puedan caerle durante la remoción.
Él está encargado de derrocar 20 estructuras y otros dos oficiales tienen también 20 edificaciones cada uno. En total son 60 estructuras de la segunda fase. En la primera fase fueron destruidas 26 edificaciones que por su riesgo inminente de colapso fueron removidas sin necesidad de que los dueños dieran un visto bueno.
El oficial sostiene entre sus manos pedazos de cemento que a simple vista tienen piedras de río impregnadas. También tiene una varilla oxidada de acero. Explica que otros técnicos se encargarán de hacer un informe de la calidad de materiales, pero dice que una norma básica de la construcción es no usar piedras de río o de mar y mezclarlas con el concreto. Simplemente los dos materiales no se mezclan bien.
NO OLVIDE
Los militares supervisan la demolición. Luego llenan una hoja con los datos del inmueble: área de construcción, dirección, nombre del dueño, daños estructurales.
Los uniformados también le asignan un número a la edificación y cuando las máquinas se han ido ingresan soldados y recogen restos de hierro y concreto.
Las muestras se colocan en una funda con un código. Luego lo guardan en una caja de cartón. Que posteriormente será enviada a Quito para su estudio.
