Los militares caminaron con las caras pintadas de verde y negro. Llevaban boinas y fusiles. Eran soldados de la FAE. Ocurrió el 24 de mayo, cuando se recordó la Batalla de Pichincha y a pocos días de aprobarse la Ley de Seguridad Pública que avala la presencia de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interna.
Sin embargo, los militares ya estaban en estas tareas. Operaron desde hace tres años y en ese tiempo se han incautado de armas, municiones, dinero falso, etc. Por ejemplo, en operaciones realizadas el martes 28 de mayo los soldados decomisaron, en Azuay, 1 236 tacos de dinamita, 947 dinamita explosiva, 192 tacos de explogel, 781 tacos de nitrato de amonio, 6 550 metros de mecha lenta negra.
Además, 2 000 metros de mecha lenta blanca, 2 150 detonadores, tres sacos de urea, siete sacos de nitrato de amonio, 158 cápsulas armadas y 12 galones de diesel.
La ley aprobada en la Asamblea plantea que las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, “intervendrán, por disposición del Presidente de la República, en la protección interna, el mantenimiento y control del orden público y la seguridad ciudadana”.
De allí que también se comienza a analizar el tema del equipamiento. Según la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Finanzas, el año pasado, el Gobierno invirtió USD 7,14 millones en armamento para el Ejército.
