El pasado 12 de noviembre del 2020 se expuso el armamento que después fue destruido. Foto: cortesía
Las bodegas militares están abarrotadas. Adentro hay pistolas, revólveres, rifles, carabinas, subametralladoras, escopetas y fusiles. Unos se hallan sobre estanterías y otros, en cajas. Cada arma tiene un código de seguridad y nombre. Su calibre también está identificado.
Todo ha sido decomisado en operaciones desplegadas por las Fuerzas Armadas y la Policía, como parte de las incursiones para frenar los delitos.
Información militar muestra que una pequeña parte de este material pertenecía a guardias y fue entregado, por ejemplo, porque estaba en deterioro. Pero el 80% de los 6 229 aparatos que están bajo custodia de las FF.AA. fue confiscado a mafias criminales y del narcotráfico que han perpetrado asaltos y asesinatos.
De hecho, con base en estadísticas levantadas hasta octubre, el Ministerio de Gobierno dice que el 58,3% de muertes violentas reportadas en el país se ejecutó con armas de fuego.
Los casos se registran permanentemente. El 21 de noviembre se cometió un triple crimen en Machala y al día siguiente hubo tres decesos más en Huaquillas (El Oro). En todos los casos se usaron revólveres o similares.
Cinco días después, igual con arma de fuego, en Guayaquil fue asesinado un periodista.
Lo mismo sucedió con otras tres muertes violentas que se perpetraron en el Puerto Principal: un odontólogo, un guardia de seguridad y un joven que tenía 28 años de edad.
Tras la ola de violencia, el Comité de Seguridad determinó que los controles de armas que realizan las FF.AA. continúe. En Quito también habrá hoy (2 de diciembre del 2020) una reunión, para hablar de la inseguridad.
Cuando los soldados o agentes realizan decomisos, el cargamento es trasladado bajo cadena de custodia a las bodegas de la Policía Judicial.
Eso ocurrió con dos pistolas que fueron incautadas ayer, 1 de diciembre, luego de que se desarticulara a una banda delictiva compuesta por seis personas que asaltaban en los exteriores de entidades financieras de Quito, Manabí y de Esmeraldas.
Lo incautado permanece custodiado como evidencia, mientras dura el proceso penal. Luego, con una orden judicial, la Policía lo entrega a las FF.AA. para su destrucción.
El 27 de octubre pasado se entregó a los militares 280 armas de fuego y 1 115 municiones, que fueron decomisadas en 22 cantones de Guayas.
Según investigaciones, bandas dedicadas al robo a personas, locales comerciales y ejes viales las consiguieron para cometer los ilícitos.
¿Cómo hacen las mafias para acceder al armamento? Las investigaciones señalan que se abastecen desde Perú. Allí adquieren las piezas y las ingresan por los pasos ilegales.
Luego, armeros las ensamblan en talleres clandestinos, ubicados principalmente en Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Carchi y El Oro. Después son vendidas a las bandas a un promedio de USD 150. En el mercado legal y con documento en regla, una pistola puede costar hasta USD 2 000.
El armamento ilegal es destruido una vez por año. Para ello es trasladado a una industria de acero. Con dos electroimanes gigantes es llevado a un horno de fundición. El metal se derrite a 300 grados centígrados. El procedimiento dura 18 minutos. Luego, el material es transformado en hierro.
La última destrucción se produjo el pasado 12 de noviembre, en una industria que opera en Cotopaxi. Allí se derritieron 4 729 armas que fueron incautadas el año pasado.
Según FF.AA., desde el 2018 han fundido 12 902. El próximo procedimiento se realizará en marzo del 2021.
Édgar Moya, director de Control de Armas del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, asegura que seguirán las operaciones. La intención es evitar que se produzcan robos como los registrados la semana pasada, en restaurantes y locales comerciales de Quito, además de asaltos violentos como el ocurrido e fin de semana último, en las periferias de la capital. Tres hombres interceptaron un taxi con dos pasajeros. Les amenazaron con revólveres para quitarles USD 600 y un celular.
En otro caso, dos hombres asaltaron con una pistola un centro oftalmológico que funciona en el sur quiteño.
Los armados sometieron a dos mujeres que atendían el local y huyeron del lugar tras llevarse el dinero recaudado.
En contexto
El 24 de noviembre del 2010, el Juzgado 22º de Garantías Penales de Pichincha acogió una medida cautelar para que los militares realicen el control de armas. El trabajo de los soldados ha sido permanente a través de operaciones en vías y carreteras.
