Dos instancias de debate igualmente significativas se desarrollaron en Quito alrededor del tema migratorio: la novena Conferencia Sudamericana sobre migraciones y la Tercera Jornada Hemisférica sobre políticas migratorias.
Las visiones conjugan la mirada oficial y la académica sobre aspectos palpitantes en materia social y humana que incluso han sido materia de proclamas oficiales y enunciados constitucionales.
La Conferencia Sudamericana aboga por el libre flujo de las personas que salen de sus países. Los académicos, en cambio, piden a los gobiernos que el tema se trate como un aspecto de seguridad nacional y militarización y vaya más allá: el respeto a los derechos de los emigrantes.
Las políticas oficiales, desde la perspectiva de los países receptores, especialmente atractivos, suelen ser altamente restrictivas, persecutorias y, en muchas oportunidades, discriminatorias e inhumanas.
Los emigrantes buscan destinos donde se pueda alcanzar lo que la propia tierra niega: empleo, bienestar social, educación para sus hijos, acceso a servicios esenciales y expectativas de mejora en el acceso a bienes: calidad de vida…
El Ecuador ha sido desde hace décadas un país cuyas condiciones socioeconómicas han expulsado a sus connacionales a un exilio forzado por la pobreza y la falta de trabajo. En épocas de crisis el drama se acentúa.
De los 3 millones y medio de compatriotas que viven fuera solamente 5 400 se han acogido al plan de retorno ofrecido por el Gobierno.
Más que empeñarse en un plan de minúsculo impacto, una verdadera política de impulso a la producción y la generación de empleo podrá remediar el problema de fondo: la gente se va del país porque no hay suficiente trabajo.