La indígena María Castro, de 75 años, vive con su esposo José Cela, de la misma edad. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
Los cañarenses llevan más de 30 años de éxodo migratorio, principalmente a Estados Unidos, pero esa provincia no sale de la pobreza.De acuerdo con el Banco Central, Cañar recibió USD 2 207,5 millones por remesas en la última década.
Un estudio socioeconómico y migratorio financiado por la Prefectura de Cañar y elaborado en el 2017 estableció que las remesas no favorecieron a la reducción de la pobreza en las poblaciones indígenas ni generaron fuentes de empleo para sus habitantes.
En esa investigación también se determinó que el 50% de las viviendas no cuenta con condiciones de habitabilidad, el 75% de la población no tiene acceso a la seguridad social y el 80% de los jóvenes (entre 18 y 29 años) no asiste a una universidad.
Cañar tiene 276 819 habitantes con una importante población indígena en los cantones de Cañar, El Tambo, Suscal y Déleg. De estos territorios salieron los migrantes a Estados Unidos, antes y después de la crisis económica de 1999.
Cuatro de los cinco hijos de María Agustina Cela, de 75 años, emigraron a Estados Unidos y ella se hizo cargo de sus cinco nietos, quienes habitan en una modesta vivienda de adobe. El inmueble, que tiene medio siglo, no ha mejorado pese a la llegada de las remesas. Sus paredes y el techo se destruyen y el piso sigue siendo de tierra.
Ella cultiva para el autoconsumo en la comunidad Samboloma, en el cantón Suscal. Cada mes recibe USD 400, que le envían sus hijos para cubrir los gastos de los servicios básicos, alimentación, salud y la educación de sus nietos, que tienen entre 8 y 14 años.
Las personas de la tercera edad siguen laborando en la agricultura y en el pastoreo. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
Suscal tiene 5 100 habitantes. El estudio de la Prefectura identificó que es el cantón con mayor pobreza. El 50% de su población vive en esa condición. Samboloma tiene pocas casas y parcelas cultivadas. Las vías de tierra están en mal estado y sus habitantes consumen agua entubada.
Allí viven los esposos José Cela y María Castro, ambos de 75 años. Su casa tiene dos cuartos de adobe. La cocina está llena de trastes envejecidos y en la otra habitación hay una cama vieja. Esta pareja se alimenta de sus cultivos de ocas, papas, col y mellocos.
Una vez al mes -cuando reciben el bono- compran carne u otro alimento. “Nacimos y crecimos pobres y la migración no nos ayudó”, dijo Castro, que tiene dos hermanos y sobrinos en Estados Unidos.
El prefecto de Cañar, Byron Pacheco, considera que el Estado y los gobiernos seccionales no potenciaron las remesas con la implementación de una cultura de inversión en las familias.
“Los migrantes enviaban importantes sumas de dinero para que les construyeran casas de tres pisos en el cerro o compraran vehículos nuevos para guardarlos. Son bienes improductivos”, explica Pacheco.
Según él, no se promovieron los emprendimientos vinculados con la agricultura y ganadería, que son las actividades principales de las zonas rurales. “No dieron facilidades para créditos ni hay grandes inversiones en riego y vialidad”.
De las 160 000 hectáreas cultivables en la provincia de Cañar, solo 30 000 (incluidos pastizales) tienen riego. Ahora, la Prefectura reclama una deuda de USD 18,5 millones al Gobierno central para invertir en el cuidado de las cuencas hídricas, canales y embalses y potenciar el desarrollo agroproductivo.
Los cinco hijos migrantes de Agustina Cela adquirieron propiedades de 5 a 7 hectáreas con viviendas en Cañar. Pero todas están abandonadas y nadie cultiva las tierras. “Si algún día regresan lo harán ellos”, supone Cela.
Ahora, sus nietos le ayudan a cultivar en su pequeña propiedad. Ellos no quieren seguir la universidad sino emigrar para juntarse con sus padres y radicarse en Estados Unidos.