12 de febrero de 2019 00:00

MIES asegura que se mantendrá el pago de bonos y pensiones

Berenice Cordero, ministra, visitó a una beneficiaria del bono Joaquín Gallegos Lara.

Berenice Cordero, ministra, visitó a una beneficiaria del bono Joaquín Gallegos Lara. Foto: Flickr / Ministerio de Inclusión Económica y Social

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Elena Paucar y Valeria Heredia
Redactoras (I)

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El presupuesto asignado al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) tuvo una reducción del 6,29% para este 2019. Pasó de USD 1 134,3 millones en 2018 a 1 064,1 millones para este año.

La titular de la Cartera, Berenice Cordero, aseguró que la disminución no les afectará, tomando en consideración que el año pasado se devengó cerca de USD 970 millones del monto asignado.

Los programas sociales, de apoyo económico y cuidado representan el 70% de la Pro forma del MIES; 1 500 000 personas se mantienen en la lista de sus beneficiarios.

Esta Cartera de Estado está a cargo de algunos de los programas emblemáticos del régimen de Lenín Moreno, como Misión Ternura y Mis Mejores Años, que en este 2019 proyectan atender a 380 000 niños y 130 000 adultos mayores, respectivamente.

Pese al recorte, la ministra Cordero puntualizó que algunos rubros incluso han aumentado en comparación con el año anterior. Así, por ejemplo, para desarrollo infantil ese Ministerio cuenta con USD 202 millones; en el 2018 el monto fue de USD 175 millones.

En este segmento, una de las prioridades es la lucha contra la desnutrición infantil que afecta a 2 de cada 10 menores en el país. La meta es bajar 11 puntos hasta terminar el régimen, según indicó la ministra.

Histórico de la ejecución presupuestaria


El MIES atiende a 240 000 niños. La estrategia es hacer una especie de dupla entre las educadoras de Misión Ternura y los médicos del Barrio, que desarrolla el Ministerio de Salud.

En este año se enfocan en 96 cantones de Chimborazo, Manabí, Morona Santiago y Guayas, las provincias con mayor índice de desnutrición.

El rubro más alto del MIES se destina a los bonos y pensiones. Cordero explica que hasta la fecha 965 000 personas reciben estos beneficios. La transferencia anual es de USD 700 millones, aproximadamente.

El Ministerio realiza desde junio del 2018 una actualización que determinó 49 000 exclusiones y 41 000 inclusiones. Para este año, la Cartera de Estado prevé que no habrá más suspensiones y más bien analizan el mecanismo para llegar a más personas con discapacidad que están en pobreza.

Está previsto, además, establecer el Servicio de Registro Social, una entidad autónoma que se encargará de levantar la información y dar seguimiento a quienes reciben estas aportaciones.

En cuanto a personal, el MIES destina USD 121,6 millones al año para el pago de colaboradores propios como para quienes laboran a través de convenios. En total son cerca de 40 000 empleados, en su mayoría personal técnico.

Para Pedro Romero, economista y docente de la Universidad San Francisco de Quito, el Gobierno debe buscar alternativas como la reducción de la “burocracia” en el sector público, ya que no se puede disminuir lo asignado a lo social.

¿El motivo? Allí se trabaja con sectores vulnerables como primera infancia, adultos mayores o personas en condición de pobreza e indigencia.

Por eso, sostiene, el presidente Lenín Moreno y el frente económico buscan opciones como el endeudamiento externo. En las últimas semanas, por ejemplo, se emitieron bonos por USD 1 000 millones; para aumentar la liquidez.

Romero comparó estas decisiones con las de una familia, que debe recortar gastos. Si cada semana iban al cine, deben disminuir esos rubros. “No se puede reducir en educación o salud de los hijos”, dijo.

Otra recomendación es la venta de activos: edificios abandonados y empresas públicas como Tame.

En un análisis realizado por la Defensoría del Pueblo se explica que el rubro destinado a bienestar social aún no tiene protagonismo. Si se compara con el PIB, representa el 0,95%, se explica desde la entidad.

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