En una rueda de prensa, la ministra Berenice Cordero, explicó la estrategia para atender a víctimas de violencia. Foto: Miguel Párraga / EL COMERCIO
El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) busca ofrecer una articulación para detectar y atender los casos de violencia en las personas de atención prioritaria que son beneficiarias de sus servicios. La institución emitió hace dos días atrás el acuerdo ministerial 006, en el que se estipulan directrices para tratar esta problemática.
Este miércoles 24 de enero del 2018 la ministra Berenice Cordero, desde las oficinas de la entidad gubernamental en el edifico Macro, en el norte de Guayaquil, explicó la estrategia. El acuerdo aborda varios tipos de violencia: violencia sexual, violencia por discapacidad, violencia contra los adultos mayores, violencia contra la niñez y la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.
“Nosotros buscamos que en el proceso de atención de las víctimas se considere seriamente el relato de la víctima, el derecho que tiene a ser escuchado y que se tomen en cuenta sus opiniones en todas las etapas del procedimiento administrativo en el ámbito de la confidencialidad que debe garantizarse”, dijo la funcionaria.
Se trabajará en la prevención de los casos a través de un proyecto denominado Escuelas de familia a través del diálogo pedagógico con las contrapartes.
Cuando se detecte uno de los casos, de inmediato se brindará la atención y acompañamiento a la víctima por medio de los profesionales. Luego se derivará el caso a otras instituciones según corresponda como por ejemplo el Ministerio de Salud, la Fiscalía, la Defensoría Pública, entre otras.
El MIES plantea el levantamiento de un registro de casos para iniciar un seguimiento de cada uno. Eso también implica la implementación de un sistema de alertas tempranas mediante el uso de botones de pánico para identificar las situaciones de violencia en las familias.
“El 80% de los casos de abuso sexual se producen en el entorno de la familia, el perpetrador es alguien muy conocido, muy querido y la víctima le tiene confianza, respeto y cariño. El perpetrador abusa de esa condición e impone el silencio a la víctima”, refirió la Ministra.
Cordero expuso algunas cifras de situaciones violentas en los grupos prioritarios y enfatizó que esta realidad fue el precedente para la elaboración del acuerdo. Una investigación sobre abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes en el Ecuador en el año 2009, reveló que un 21,4% de los menores entre 0 y 18 años han sufrido abuso sexual.
El maltrato extremo en la familia en el año 2000 se situó en un 35%, en el 2010 subió al 45% y en 2015 la cifra bajó al 38%, según una encuesta que realizó el Observatorio de los Derechos de la Niñez.
El instrumento ministerial busca garantizar el derecho a la no revictimización. Dispone que los actos o decisiones que tengan los servidores para la atención a la víctima, no le produzcan dolor o sufrimiento innecesario, ni provoquen que reviva el episodio violento de ser posible. La directriz implica proteger la confidencialidad sobre la información personal de la persona afectada.
También obliga a los servidores del Ministerio y de las instituciones privadas que mantienen convenios con el MIES al cumplimiento de estas disposiciones.